En el Congreso de Michoacán, integrantes del Comité Legado de Indigencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) denunciaron que la institución mantiene adeudos acumulados por más de siete años en prestaciones obligatorias para viudas, viudos, huérfanos y beneficiarios de trabajadores fallecidos. Señalaron que la rectoría ha utilizado la autonomía universitaria como argumento para evadir responsabilidades y que esta práctica constituye, según sus palabras, “omisión”, “injusticia” y “violencia” institucional.
Los familiares afirmaron que la universidad no ha cubierto pagos de marcha, seguros de vida y otras prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo. “Llevamos más de siete años sin que nos paguen”, expusieron, al insistir en que no solicitan beneficios extraordinarios, sino el cumplimiento estricto de la ley. Aseguraron que la rectoría ha negado su existencia, ha atribuido los adeudos a gestiones anteriores y ahora sostiene que la autonomía limita la intervención de otros poderes.
El comité sostuvo que la rectora, como representante legal de la UMSNH, no puede eludir obligaciones laborales ni escudarse en la autonomía para “pisotear derechos humanos”. Recordaron que existen criterios de la Suprema Corte que establecen que ningún organismo autónomo puede utilizar su régimen para vulnerar derechos laborales. “La universidad no está por encima de la Constitución ni de la Ley Federal del Trabajo”, señalaron.
Los testimonios expuestos ante diputados describieron afectaciones económicas y emocionales derivadas de la falta de pago. Viudas y jubiladas relataron que, tras la muerte de sus familiares, quedaron únicamente con pensiones parciales y deudas acumuladas por enfermedades prolongadas. “No es justo que se esté gastando el dinero que le correspondía a él”, expresó una de las beneficiarias. Otra señaló que, pese a su estado de salud, ha tenido que marchar para exigir derechos básicos.
Los denunciantes acusaron a la rectoría de recurrir sistemáticamente a amparos para evitar el pago y afirmaron que esta práctica ha provocado que el monto real de las prestaciones se reduzca por devaluación y por los costos legales que deben asumir. “Se aprovechan de que acabas de perder a alguien y no estás en condiciones ni emocionales ni económicas para defenderte”, expusieron.
También cuestionaron el papel del sindicato SPUM y acusaron a su dirigente de “justificar a la rectora” en lugar de defender a los trabajadores. Aseguraron que la huelga del sindicato se originó por derechos laborales vulnerados y que estudiantes y diversas secciones sindicales han manifestado apoyo a las demandas.
El diputado Baltazar Gaona anunció que el Congreso presentará un exhorto para que la rectoría cumpla con sus obligaciones y que se evaluará solicitar su comparecencia. Señaló que el Legislativo no invade la autonomía universitaria, sino que exige el cumplimiento de la ley. “Muy lamentable enterarnos de esta situación”, afirmó, al indicar que la UMSNH ha recibido presupuesto histórico.
El comité solicitó la intervención directa del Congreso para garantizar recursos etiquetados que permitan cubrir los adeudos, así como acompañamiento jurídico para evitar que los beneficiarios sigan asumiendo costos legales. “No pedimos favores, estamos exigiendo el cumplimiento de la ley”, reiteraron.
La deuda estimada entre los integrantes del comité asciende a 20 millones de pesos, aunque señalaron que existen más casos fuera del grupo cuyos montos no han sido transparentados por los sindicatos. Afirmaron que cada día más personas se suman a la exigencia debido a la falta de respuesta institucional.
Los familiares concluyeron que la problemática no es aislada, sino estructural, y que la rectoría debe responder por los adeudos antes de cualquier eventual cambio administrativo. “Ya basta de oídos sordos. Ya basta de que metan sus manos sucias en esto. Si quieren ganar votos, dejen de ensuciárselas”, expresaron, al insistir en que la universidad debe garantizar justicia para quienes dieron su vida laboral a la institución.