En medio de crecientes cuestionamientos sobre la política de extradiciones a Estados Unidos, la conferencia de prensa matutina del 13 de agosto de 2025 se convirtió en un espacio de tensión entre el Ejecutivo federal y los medios de comunicación. La Presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el sentido de continuar entregando presuntos narcotraficantes al país vecino, en un contexto donde, según los señalamientos, algunos de ellos son liberados o utilizados en acuerdos judiciales.
La mandataria evitó responder directamente a la pregunta y anunció que el Gabinete de Seguridad ofrecería una conferencia posterior para abordar el tema. No obstante, afirmó que las decisiones de extradición se toman por razones de seguridad nacional y son resultado de deliberaciones del Consejo Nacional de Seguridad.
“Son decisiones soberanas que no tienen que ver con una petición, sino con la seguridad del país”, declaró. También negó que estas extradiciones estén vinculadas a acuerdos de seguridad con Estados Unidos, insistiendo en que se trata de resoluciones internas basadas en análisis del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación.
La insistencia de los reporteros sobre el tema no logró obtener mayores detalles. La Presidenta reiteró que el Gabinete de Seguridad sería el encargado de proporcionar información específica y que el Ejecutivo no respondería sobre casos particulares en ese momento.
El tema de las extradiciones ha generado debate público en México, especialmente en torno a la transparencia de los procesos, el impacto en la justicia nacional y la relación con las agencias estadounidenses. Aunque el gobierno sostiene que las decisiones se toman con base en criterios técnicos y de seguridad, persiste la inquietud sobre el destino de los extraditados y el papel que juegan en investigaciones internacionales.
La falta de respuesta directa en la conferencia refuerza la percepción de que el tema se maneja con reserva institucional. Mientras tanto, organizaciones civiles y especialistas en justicia han solicitado mayor claridad sobre los criterios utilizados para determinar qué casos se envían al extranjero y cómo se garantiza que no se vulneren derechos fundamentales.