El 11 de agosto se publicó un Rescripto firmado por el prefecto de la Secretaría para la Economía, Maximino Caballero Ledo, y aprobado por el Papa León XIV, que introduce modificaciones en las políticas laborales del Estado de la Ciudad del Vaticano. El documento establece nuevas disposiciones relacionadas con permisos de paternidad, derechos de padres con hijos discapacitados y criterios para la concesión de subsidios familiares.
Entre los cambios, se establece que los empleados del Vaticano tienen derecho a cinco días de permiso remunerado por el nacimiento de un hijo. Estos días, considerados laborables, pueden tomarse de forma continua o fraccionada en días completos, dentro de los treinta días posteriores al nacimiento. La remuneración durante este periodo será equivalente al 100 % del salario, con efectos plenos sobre la antigüedad en el servicio.
Respecto a las familias con hijos en situación de discapacidad grave comprobada, se otorgan tres días de permiso remunerado al mes, que pueden utilizarse de forma continua. Este beneficio está condicionado a que el menor no esté internado a tiempo completo en centros especializados. Además, durante el disfrute de estos permisos, el empleado no podrá realizar otra actividad laboral, salvo autorización expresa, la cual puede ser revocada.
La evaluación de la discapacidad será realizada por un Colegio Médico, con base en tablas emitidas por la Autoridad Superior y propuestas por la Dirección de Salud e Higiene del Governatorato. El dictamen de este órgano será definitivo.
El Rescripto también amplía el acceso al subsidio familiar. Este beneficio se extiende a los núcleos familiares de personas reconocidas como discapacitadas graves o incapacitadas por el Colegio Médico, incluyendo titulares de pensiones vaticanas directas, indirectas o de reversibilidad. Asimismo, se especifica que los hijos mayores de 18 años pueden ser beneficiarios si cursan estudios secundarios hasta los 20 años o estudios universitarios hasta los 26 años, siempre que presenten constancia de matrícula expedida por la institución educativa.
Estas medidas fueron presentadas al Pontífice por el Consejo de la ULSA, organismo compuesto por representantes de distintos entes de la Santa Sede y del Governatorato, durante una audiencia celebrada el 28 de julio.