El portal Latinus, en una nota firmada por la periodista Cecilia Reynoso, reportó que la construcción del teleférico en Uruapan continúa a pesar de la existencia de al menos tres amparos judiciales que ordenan la suspensión de la obra en distintos tramos. El proyecto, promovido como una obra emblemática del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ha generado inconformidad entre habitantes de la zona por presuntos daños ambientales, afectaciones a propiedades privadas y falta de consulta pública.
Según Latinus, el proyecto contempla una inversión superior a los tres mil millones de pesos y comenzó su ejecución en febrero de 2024. La obra incluye la instalación de 47 torres y seis estaciones a lo largo de un trayecto de 8 kilómetros, y está a cargo de las empresas Dopperlmayr, de origen austriaco, y GAMI, Ingeniería e Instalaciones, filial de Grupo INDI. Ambas compañías han sido beneficiadas con contratos en administraciones federales recientes.
El avance de la obra ha estado acompañado por el despliegue de elementos de la policía estatal y municipal, lo que ha sido interpretado por ciudadanos como una imposición por la fuerza. Latinus señala que este despliegue se ha realizado por encima de las resoluciones judiciales que ordenaban la suspensión parcial del proyecto.
Uno de los hechos destacados en el reportaje es el asesinato del abogado Isidro Ramos, principal promotor de los amparos contra el teleférico. El homicidio ocurrió días después de que obtuviera una resolución favorable que frenaba la continuación de las obras. Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre el avance de las investigaciones ni sobre el cumplimiento de las medidas judiciales.
La nota de Cecilia Reynoso también recoge testimonios de ciudadanos que cuestionan la planeación del proyecto y advierten sobre impactos irreversibles al entorno natural. No se ha informado públicamente sobre estudios técnicos, mecanismos de participación ciudadana ni evaluaciones ambientales que respalden la ejecución del teleférico.
El reportaje completo puede consultarse en el portal Latinus, donde se documenta el contexto social, legal y político que rodea esta obra en el estado de Michoacán.