La Secretaría de Gobernación dio a conocer diez acciones específicas para ejecutar las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas. El anuncio incluye plazos concretos, instituciones participantes y ejes temáticos derivados de un proceso de consulta con colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles.
Diez acciones previstas:
- Expedición del reglamento de la Ley de Búsqueda (plazo: 15 de octubre de 2025)
- Actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda
- Implementación de la Plataforma Única de Identidad y Alerta Nacional de Búsqueda
- Incorporación de datos biométricos e imágenes satelitales en las labores de búsqueda
- Fortalecimiento de Fiscalías Especializadas y del Banco Nacional de Datos Forenses
- Creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación
- Abordaje del rezago en identificación de cuerpos y restos humanos
- Atención integral para hijos e hijas de personas desaparecidas
- Sesión formal del Sistema Nacional de Búsqueda
- Armonización legislativa entre leyes locales y la Ley General
La propuesta recoge 570 iniciativas legislativas y de política pública, resultado de consultas con más de 450 colectivos representados por redes y plataformas. Participan 17 entidades gubernamentales, entre ellas:
- Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo)
- Fiscalía General de la República (FGR)
- Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
- Comisión Nacional de Búsqueda
- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos
- Comité Internacional de la Cruz Roja
- Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
La estrategia forma parte de los esfuerzos para atender las múltiples dimensiones del fenómeno de la desaparición en México, que incluye búsqueda, identificación forense, manejo de bases de datos, atención psicosocial y prevención. El enfoque contempla también la participación de dependencias tecnológicas para articular herramientas digitales en las labores de localización y registro.
Las reformas a la Ley General fueron aprobadas recientemente y esta hoja de ruta busca operativizar el nuevo marco normativo, haciendo énfasis en la transversalidad y coordinación interinstitucional.
Las autoridades enfatizaron que el cumplimiento normativo requiere más que cambios legislativos. La implementación de las diez acciones busca responder a las demandas planteadas por familias y colectivos, con una política pública ajustada al contexto, mecanismos de seguimiento y espacios de participación ciudadana. La evaluación de resultados dependerá del cumplimiento de los plazos establecidos y del nivel de coordinación entre los órganos involucrados.