La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión. El objetivo es que este delito sea perseguido de oficio, sin que la denuncia recaiga exclusivamente en la víctima.
La propuesta plantea modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con ello, se busca establecer un marco legal uniforme en todo el país que obligue a las entidades federativas a legislar en la materia y permita al Estado asumir un rol activo en la persecución del delito.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, desde el 6 de julio se habilitó el número 089 para recibir denuncias anónimas. A partir de estas llamadas, las unidades antisecuestro estatales y federales inician procesos de investigación. La estrategia contempla también la cancelación inmediata de líneas telefónicas utilizadas para extorsión, la apertura de carpetas de investigación en fiscalías estatales y el despliegue de células de inteligencia en zonas afectadas.
Durante la presentación de la iniciativa, Sheinbaum señaló que el Estado debe asumir la responsabilidad de actuar como víctima en los casos de extorsión, con el fin de reducir la carga sobre las personas afectadas y garantizar una respuesta institucional más efectiva.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las unidades especializadas en secuestro también serán responsables de investigar casos de extorsión, como parte de una reorganización operativa para atender este delito de manera integral.
La propuesta se enmarca en una estrategia federal que busca homologar la respuesta institucional ante un delito que, según autoridades, afecta a múltiples sectores de la población y requiere una intervención coordinada entre los tres niveles de gobierno.