En la Cámara de Diputados, el legislador Rubén Moreira Valdez (PRI) calificó como ilegal y autoritaria la nueva legislación en materia de aguas, al señalar que fue aprobada por Morena sin deliberación democrática, sin lectura del dictamen de más de 500 páginas y sin consulta a los pueblos originarios, lo que —afirmó— constituye una violación constitucional.
El diputado sostuvo que la reforma castiga a campesinos, productores y familias, mientras abre beneficios a grandes acaparadores cercanos al gobierno federal. “Es una ley que nació sin consultar a quienes debía proteger”, dijo, al reconocer el trabajo de Miguel Sulub Caamal, secretario técnico de la bancada priista, quien advirtió la omisión en el proceso.
Sulub Caamal recordó que desde 2012 existía el mandato de expedir una Ley General de Aguas para garantizar el derecho humano al líquido, pero acusó que Morena transformó esa obligación en un mecanismo de control político-social. Señaló que el oficialismo pretende justificar la reforma con una consulta realizada en 2019, que no corresponde a la legislación actual.
Moreira relató que la minuta fue aprobada en la Cámara de Diputados alrededor de las 3 de la tarde y dos horas después votada en el Senado, sin análisis ni debate. “¿A qué hora leyeron? Simplemente levantaron la mano”, cuestionó. Mario Di Costanzo añadió que a legisladores de Morena les tuvieron que explicar artículos que desconocían, lo que calificó como improvisación e irresponsabilidad legislativa.
Entre los puntos más controvertidos, se mencionó el artículo 22, que limita la transmisión de derechos de agua para personas comunes, pero otorga procedimientos preferentes a grandes empresas. “Los pequeños productores no podrán heredar ni transmitir fácilmente sus concesiones, mientras los acaparadores reciben trato especial”, señalaron los analistas.
La reforma obliga a campesinos y productores a instalar medidores de agua con recursos propios, invertir en tecnificación de riego sin apoyos y enfrentar la pérdida de concesiones si la autoridad considera insuficiente la “responsabilidad hídrica”. Incluso, los municipios deberán regular el tamaño y tipo de tinacos y sistemas de captación en los hogares.
Moreira advirtió que la ley no tiene un objetivo económico, sino político: “El país está incendiado en economía, salud y seguridad. Morena quiere el control del agua para controlar políticamente al campo y a las comunidades”. Recordó además que la inversión en infraestructura hidráulica es insuficiente, pues mientras se requieren 100 mil millones de pesos anuales, la Conagua apenas ejerce 28 mil millones.
“Morena dice una cosa y hace otra. Hablan de ayudar a los pobres, pero esta ley les clava la espada. Dicen defender a los pueblos originarios, pero ni los consultaron”, concluyó el exgobernador de Coahuila, en una sesión que anticipa un debate legislativo intenso sobre el futuro de la política hídrica en México.