En una sesión legislativa marcada por el contraste entre cifras oficiales y realidades sociales, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI cuestionaron con severidad los resultados presentados por la Secretaría de Bienestar durante la comparecencia de su titular, Ariadna Montiel Reyes. Desde la tribuna del Palacio de San Lázaro, el legislador Christian Castro Bello advirtió que el Primer Informe de Gobierno proyecta una narrativa de superación de la pobreza, mientras datos del INEGI y organismos independientes revelan que más de 44 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios médicos.
Castro Bello denunció que persisten rezagos graves en vivienda, agua potable y servicios básicos, especialmente en entidades marginadas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo. “No se puede hablar de bienestar donde no hay agua, no hay medicinas ni doctores”, afirmó, al tiempo que acusó al gobierno federal de maquillar cifras, debilitar instituciones y abandonar derechos sociales fundamentales. Recordó que el CONEVAL alertó sobre la transferencia de sus funciones al INEGI, lo que compromete la independencia técnica en la medición de la pobreza.
El legislador priista subrayó que la pobreza está golpeando con mayor fuerza a la primera infancia, donde se advierte una vulnerabilidad extrema en nutrición, salud y educación temprana. “Dónde está la política pública para quienes más la necesitan. No la vemos”, cuestionó. También criticó la entrega directa del 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a comunidades indígenas sin mecanismos claros de verificación, señalando que “dar dinero sin transparencia no es justicia social, es corrupción”.
En su intervención, la diputada Abigail Arredondo Ramos calificó la política social del Gobierno Federal como insuficiente, opaca y desconectada de la realidad que viven millones de familias mexicanas. Aunque reafirmó que el PRI siempre ha defendido los programas sociales, advirtió que “apoyarlos no significa ser lacayos de una política social fallida”.
Por su parte, el diputado Samuel Palma César enfatizó la necesidad de ética y claridad absoluta en el manejo de los recursos públicos, especialmente ante las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Señaló que las transferencias económicas han tenido una contribución marginal y deben afinarse para incidir realmente en la mejora de vida de la población beneficiada. Palma también alertó sobre duplicaciones en los padrones y reiteró que más de 40 millones de personas carecen de acceso a la salud, según cifras del INEGI.
El Grupo Parlamentario del PRI cerró filas en defensa de los programas sociales, pero con la exigencia de que estos sean verdaderamente transformadores. En medio de un debate tenso, los legisladores priistas dejaron claro que la justicia social no se presume: se construye con transparencia, institucionalidad y resultados verificables.