Tras más de 24 horas de discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PAN advirtió que la nueva Ley General de Aguas representa un mecanismo de control político que pone en riesgo la seguridad alimentaria, la certeza jurídica del campo y el derecho humano al agua. Los legisladores señalaron que el dictamen fue aprobado “al vapor”, con parches y reservas insuficientes, sin presupuesto y sin atender las demandas de los sectores afectados.
El coordinador del GPPAN, Elías Lixa Abimerhi, denunció que el proceso legislativo estuvo plagado de irregularidades, al ser presentado en un día no programado, sin respetar plazos de distribución ni permitir revisión técnica. Acusó a Morena de imponer un procedimiento fast track contrario al Reglamento de la Cámara y de excluir a especialistas, productores, autoridades locales y pueblos indígenas.
Durante el debate, el PAN subrayó que las reservas aprobadas no resolvieron los problemas estructurales del dictamen: la centralización de decisiones, la criminalización de productores, la eliminación de transmisiones de derechos, la creación de un Fondo Nacional discrecional y la ausencia de presupuesto para implementar la ley. Paulo Gonzalo Martínez López advirtió que la reforma “abre la puerta al huachicol del agua”, al dejar en incertidumbre al 70% del recurso utilizado por el sector agrícola.
Marcelo Torres Cofiño afirmó que Morena no legisla para enfrentar la crisis hídrica, sino para apropiarse del agua mediante un esquema que elimina derechos, asfixia a la industria, debilita a los municipios y no contempla inversión en infraestructura ni plantas de tratamiento. Calificó el dictamen como “un cascarón vacío” que busca concentrar poder.
Theodoros Kalionchiz de la Fuente recordó que incluso después de foros donde el 99% de los participantes rechazó la reforma, la mayoría ignoró las advertencias y aprobó una ley sin capacidad institucional ni presupuesto. Samantha Margarita Garza de la Garza enfatizó que el agua es vida y no un botín político, y criticó que el Presupuesto 2026 no asigna recursos adicionales para agua potable, saneamiento o tecnificación.
El PAN presentó reservas para garantizar transmisiones de derechos, evitar la discrecionalidad del Fondo Nacional, proteger el binomio tierra-agua y asegurar continuidad del suministro, pero todas fueron rechazadas. En su mensaje de cierre, Federico Döring acusó al oficialismo de imponer narrativas en lugar de construir consensos y de vulnerar derechos fundamentales al negar incluso la consulta previa a pueblos indígenas.
El Grupo Parlamentario refrendó que seguirá defendiendo al campo, a las familias, a la industria y a los municipios frente a un dictamen que calificó como centralista y confiscatorio, advirtiendo que el agua es un derecho humano y no un instrumento de poder.