Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal modificada contra Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, identificado como integrante de alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por delitos relacionados con narcotráfico, uso de armas de fuego y operaciones de lavado de dinero.
La imputación amplía los cargos formulados en agosto de 2020, cuando fue señalado por tráfico de cocaína y heroína hacia Estados Unidos. La nueva acusación incorpora el traslado de metanfetaminas y una presunta conspiración para blanquear recursos obtenidos del narcotráfico mediante su envío desde territorio estadounidense hacia México.
Flores Silva, de 45 años, fue detenido el 27 de abril por autoridades mexicanas. Antes de su captura, era considerado una figura dentro de la estructura del CJNG y señalado como posible relevo de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien murió en febrero de 2026 durante una operación militar. El gobierno estadounidense designó a esta organización como grupo terrorista extranjero en 2025.
Desde el Departamento de Justicia, el fiscal general adjunto A. Tysen Duva afirmó que el acusado “está acusado de traficar grandes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina a nuestro país y desviar las ganancias a México”, al tiempo que sostuvo que las acciones del gobierno buscan “desmantelar los cárteles y las organizaciones terroristas extranjeras en todos los niveles”.
El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, vinculó la acusación con la disputa interna tras la muerte de “El Mencho”. “Jardinero creía que tomaría el control de la organización tras la muerte de El Mencho. Se equivocó”, declaró. Añadió que el caso refleja la estrategia para intervenir en las estructuras de mando de estas organizaciones y “exigir responsabilidades a sus líderes”.
En la misma línea, el director ejecutivo adjunto interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John A. Condon, señaló que el proceso judicial forma parte de un esquema de acción coordinada. “Estamos atacando sistemáticamente la estructura de mando de los cárteles que trafican drogas, violencia y miedo en nuestras comunidades”, indicó.
De acuerdo con la acusación, Flores Silva enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir drogas con destino a Estados Unidos, uso de armas —incluido un artefacto explosivo— para facilitar actividades de narcotráfico, y operaciones de lavado de dinero. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena mínima de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua.
El caso es investigado por la DEA y la Unidad de Investigaciones Bilaterales, con la participación de fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos del Departamento de Justicia. La Oficina de Asuntos Internacionales también intervino en el proceso.
La acusación se inscribe en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creado para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales. Según autoridades estadounidenses, esta iniciativa busca “identificar, investigar y enjuiciar la totalidad de los delitos cometidos por estas organizaciones” mediante la colaboración interinstitucional.
Las autoridades recordaron que la acusación formal constituye una imputación y que el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que se determine su responsabilidad en un tribunal.