Una investigación del International Crisis Group, organización independiente dedicada a prevenir conflictos y diseñar políticas para un mundo más pacífico, advierte que el crimen organizado se ha consolidado como un actor determinante en la degradación ambiental y el deterioro de la gobernanza en la Amazonía, una región estratégica para el equilibrio climático global.
El informe documenta cómo redes criminales han expandido su presencia en la cuenca amazónica, aprovechando la debilidad institucional y la falta de coordinación entre los Estados. Estas organizaciones no solo operan de forma transnacional, sino que han logrado infiltrarse en estructuras gubernamentales, comunidades y sectores económicos, lo que dificulta su contención.
De acuerdo con el documento, “mediante una combinación de coacción y corrupción… los grupos criminales están socavando los esfuerzos estatales para detener o restringir el daño ambiental”. Esta dinámica ha transformado lo que antes era un desafío de conservación en una crisis de seguridad y gobernanza.
El análisis señala que el narcotráfico y la minería ilegal de oro son los principales motores de esta expansión. Ambas actividades generan altos ingresos y provocan impactos directos en el medio ambiente, como la contaminación de ríos con sustancias tóxicas y la apertura de rutas clandestinas que aceleran la deforestación. A esto se suma la reinversión de ganancias ilícitas en actividades como la ganadería y la apropiación de tierras, lo que amplifica el daño ecológico.
El documento advierte que las organizaciones criminales operan ya en al menos el 67 por ciento de los municipios amazónicos en países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. En estas zonas, los grupos imponen reglas, establecen sistemas de control social e incluso ejercen funciones que sustituyen al Estado, acompañadas de violencia sistemática.
“Los ríos son las carreteras”, señala un funcionario citado en la investigación para describir la logística del narcotráfico, que utiliza la vasta red fluvial amazónica para transportar drogas hacia mercados internacionales. Esta estructura ha sido comparada con una operación corporativa transnacional por su nivel de organización.
El informe también expone el impacto directo en las comunidades locales. Pueblos indígenas, defensores ambientales y pequeños agricultores enfrentan amenazas constantes. La Amazonía concentró uno de cada cinco asesinatos de defensores de la tierra en el mundo en 2022, según los datos citados.
Además, el estudio subraya que la violencia en la región supera los promedios de América Latina, ya de por sí elevados. En algunos puntos críticos, los grupos criminales difunden listas de personas a las que buscan eliminar, como mecanismo de control y disuasión.
El International Crisis Group advierte que la Amazonía se aproxima a un punto crítico: cerca del 20 por ciento de su superficie original ya ha sido deforestada. Superar el umbral de entre 20 y 25 por ciento podría desencadenar un colapso ecológico irreversible, afectando su capacidad de regeneración y su función como regulador climático.
Frente a este escenario, el informe plantea que la respuesta requiere una estrategia coordinada entre gobiernos, comunidades indígenas y actores internacionales. Destaca la necesidad de fortalecer la cooperación transfronteriza, mejorar la aplicación de la ley y garantizar que las cadenas globales de suministro estén libres de productos vinculados al crimen.
El diagnóstico es directo: mientras los grupos criminales se adaptan y expanden con rapidez, las respuestas estatales avanzan con limitaciones estructurales. La disputa por el control de la Amazonía ya no es solo ambiental, sino también política, económica y de seguridad.