En la Cámara de Diputados se abrió un nuevo frente en la agenda laboral con la presentación de una iniciativa que busca convertir la igualdad salarial en una obligación verificable para empresas públicas, privadas y sociales. El diputado del PRI, Miguel Alonso Reyes, planteó reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer mecanismos de supervisión, auditoría y sanciones económicas ante prácticas discriminatorias en las remuneraciones.
La propuesta fue expuesta como respuesta a una brecha persistente en el mercado laboral mexicano. Desde tribuna, el legislador sostuvo que la ausencia de instrumentos legales que obliguen a las empresas a demostrar el cumplimiento de la igualdad salarial ha permitido que la disparidad se mantenga sin consecuencias. Citó datos del INEGI que ubican la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en un rango de entre 12 y 20 por ciento por trabajos de igual valor.
El proyecto fija como eje la prohibición expresa de diferencias salariales por razones de género, edad, estado civil, embarazo, responsabilidades de cuidado u otras condiciones. En ese marco, Alonso Reyes advirtió que el impacto de esta desigualdad se concentra en sectores específicos. Señaló que la discriminación afecta con mayor intensidad a mujeres indígenas, con discapacidad, migrantes y a quienes laboran en condiciones de precariedad.
Durante la presentación, el legislador delineó el componente operativo de la reforma. Explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contaría con facultades para requerir reportes salariales, ordenar auditorías y aplicar sanciones a empresas que incurran en prácticas discriminatorias. El objetivo, dijo, es cerrar la distancia entre el marco legal y su cumplimiento efectivo.
“La igualdad salarial no debe ser vista como una carga administrativa ni como un asunto menor, sino como un componente esencial de la ética corporativa y de la competitividad económica comprometida con el desempeño laboral”, afirmó.
El planteamiento incorpora referencias a experiencias internacionales. De acuerdo con el legislador, países que han implementado esquemas obligatorios —como auditorías salariales, reportes periódicos y certificaciones— han logrado avances en la reducción de la brecha, en contraste con modelos que descansan únicamente en principios generales.
En el desarrollo de su argumentación, Alonso Reyes encuadró la iniciativa como parte de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos laborales y de igualdad sustantiva. Bajo esa lógica, sostuvo que garantizar la igualdad salarial es un paso necesario para consolidar un entorno laboral con reglas claras.
“La creación de mecanismos de supervisión y sanción permitirá que la igualdad salarial deje de ser un principio aspiracional para convertirse en un derecho plenamente exigible”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, en un contexto donde la agenda laboral enfrenta presiones por actualizar sus instrumentos frente a dinámicas de desigualdad persistentes y demandas de mayor regulación en el ámbito corporativo.