La fragmentación normativa en la atención de faltas administrativas y conflictos cotidianos abrió un nuevo frente en el Congreso, donde legisladores de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y reducir la carga operativa de las fiscalías.
El diagnóstico que sustenta la propuesta es claro: actualmente existen más de 2 mil 400 reglamentos municipales y un número limitado de leyes estatales que regulan conductas como riñas, ruido o daños menores, lo que genera disparidad en sanciones y procedimientos según la demarcación.
En ese contexto, el senador Luis Donaldo Colosio señaló que el Congreso arrastra un rezago legislativo desde 2017, cuando se estableció el mandato constitucional para emitir una ley general en la materia. “Del plazo que se estableció en su momento ya pasaron más de nueve años sin que se haya concretado la ley”, afirmó.
El legislador planteó que la dispersión actual impacta directamente en la operación del sistema de justicia penal. “Actualmente las fiscalías pierden tiempo, dinero y personal atendiendo conflictos menores en lugar de enfocarse en los delitos graves”, advirtió.
La iniciativa propone establecer a los juzgados cívicos como una instancia previa obligatoria para la resolución de conflictos de baja gravedad, mediante audiencias públicas y orales orientadas a la mediación y acuerdos reparatorios. Bajo este esquema, casos como pleitos vecinales, daños menores a propiedad o la obstrucción de espacios públicos se resolverían fuera del ámbito penal.
Colosio insistió en la necesidad de unificar criterios a nivel nacional: “No puede haber una justicia distinta según el municipio donde vivas; necesitamos establecer un piso mínimo nacional en materia de justicia cívica”.
El proyecto también redefine la estructura operativa de estos juzgados. Además de jueces, contempla la incorporación de personal médico, psicológico, facilitadores y policías de custodia, con el fin de atender los conflictos desde una lógica integral y no exclusivamente sancionadora.
Por su parte, la diputada federal Iraís Reyes detalló que la propuesta incluye mecanismos alternativos a la detención, como la sustitución de arrestos por multas o trabajo comunitario, así como la implementación de un modelo de justicia itinerante para acercar estos servicios a comunidades alejadas.
“También está prevista la posibilidad de sustituir arrestos por multas o por trabajo comunitario, así como la creación de un modelo de justicia itinerante”, explicó.
En el plano normativo, la iniciativa contempla reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para que los asuntos de menor gravedad pasen primero por juzgados cívicos antes de escalar a la vía penal. Asimismo, propone la creación de registros estatales y municipales de juzgados y de personas juzgadoras para transparentar su operación.
Reyes subrayó el argumento presupuestal como uno de los ejes de la propuesta: “Hay evidencia de que operar un juzgado cívico profesionalizado resulta significativamente menos costoso que procesar el caso por la vía penal”.
La iniciativa se inscribe en un intento por atender lo que los promoventes califican como una deuda en la justicia cotidiana, en un contexto donde la saturación institucional y la falta de mecanismos de mediación han permitido que conflictos menores escalen a escenarios de mayor violencia. El debate ahora se trasladará a comisiones, donde se pondrá a prueba la viabilidad política de construir un modelo homologado en un sistema marcado por la autonomía municipal.