En medio del avance de los servicios financieros digitales y el uso intensivo de datos personales, el diputado Ricardo Monreal Ávila presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para establecer un derecho efectivo de portabilidad financiera y limitar prácticas de las entidades que dificultan el cambio de institución por parte de los usuarios.
La propuesta, que plantea reformas a cuatro ordenamientos —entre ellos la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera—, busca cerrar vacíos normativos que, según el legislador, han permitido que millones de personas permanezcan en una institución no por decisión informada, sino por obstáculos operativos.
“El objetivo es claro: fortalecer la autonomía económica de las personas, proteger los datos financieros conductuales y garantizar un verdadero derecho a la portabilidad financiera digital”, expuso Monreal.
El planteamiento parte de un diagnóstico: el modelo actual de protección de datos, basado en los derechos ARCO, resulta insuficiente frente a sistemas automatizados que procesan grandes volúmenes de información y generan perfiles sobre el comportamiento económico de los usuarios. En ese contexto, el legislador advirtió que el consentimiento pierde eficacia cuando no existe comprensión real. “El consentimiento deja de ser completamente libre cuando el ciudadano no entiende cómo operan los mecanismos de perfilamiento digital que influyen en sus decisiones económicas”, señaló.
La iniciativa introduce por primera vez en la legislación el concepto de “datos financieros conductuales”, que incluye información derivada de hábitos de consumo, patrones de uso e interacción digital, y establece que estos deberán contar con un régimen de protección específico.
En términos operativos, el proyecto obliga a las instituciones financieras a garantizar a los usuarios acceso permanente, completo y gratuito a su información en formatos estructurados, interoperables y descargables, así como la posibilidad de transferirla a otra entidad sin restricciones técnicas o contractuales.
También establece que los procesos de cancelación y portabilidad deberán ser equivalentes en simplicidad y tiempo a los de contratación, y prohíbe mecanismos que induzcan a la permanencia mediante prácticas engañosas o procedimientos complejos.
“En la práctica, muchos usuarios permanecen en una institución no porque sea la mejor opción, sino porque cambiarse sigue siendo complejo y costoso”, advirtió Monreal, al justificar la necesidad de regular estas prácticas.
La propuesta incluye además la obligación de las entidades de reportar periódicamente a la autoridad indicadores sobre solicitudes de portabilidad, tiempos de atención y causas de rechazo, con el fin de generar trazabilidad y supervisión.
En paralelo, se plantea que el uso de datos financieros conductuales no podrá orientarse a inducir decisiones contrarias al interés del usuario. La norma consideraría incumplimiento cualquier práctica que implique manipulación, engaño o presión indebida para influir en decisiones económicas.
El legislador precisó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sería la encargada de emitir las disposiciones técnicas y de seguridad para la implementación del modelo, mientras que el consentimiento para el uso y transferencia de datos deberá ser “libre, específico, informado y revocable”.
La iniciativa se sustenta en el artículo 16 constitucional y en el reconocimiento del derecho a la protección de datos personales, así como en el principio de acceso a las tecnologías de la información. “Las excepciones aplicables a estos principios solo pueden darse por razones de seguridad nacional, salud pública o para proteger derechos de terceros”, puntualizó.
Respaldada por legisladores de Morena y del PVEM, la propuesta abre un nuevo frente en la regulación del sistema financiero, donde el eje de la discusión será el equilibrio entre innovación tecnológica, competencia entre instituciones y protección efectiva de los usuarios frente al uso de sus datos.