Tras la visita del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que se acordó mantener el despliegue de fuerzas federales en la entidad, en medio de demandas de alcaldes para reforzar la coordinación y ampliar las estrategias contra la violencia.
El fiscal señaló que durante la reunión “los nueve alcaldes tomaron la palabra” y coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Entre las principales solicitudes, destacó el respaldo para la certificación, aplicación y acreditación de policías municipales, así como apoyo en la formación de elementos y el refuerzo de operativos en regiones específicas.
Indicó que los titulares de Marina, Defensa y Seguridad Pública confirmaron que se mantendrá el estado de fuerza en Michoacán. “Van a mantener el estado de fuerza que tienen aquí”, dijo, al subrayar que la presencia de Ejército, Marina y Guardia Nacional permite ampliar la cobertura en tareas preventivas y operativas.
El encuentro se centró en municipios considerados zonas de conflicto, incluidos puntos del oriente del estado y regiones como Zamora y Apatzingán. Según el fiscal, el objetivo fue establecer acciones concretas de coordinación y dar seguimiento a acuerdos, en particular en materia de certificación policial.
Torres Piña descartó que los alcaldes asistentes hayan reportado amenazas directas. “No, absolutamente”, respondió al ser cuestionado sobre posibles riesgos contra autoridades municipales.
En paralelo, el fiscal abordó la presencia de grupos delictivos en la entidad. Señaló que la organización conocida como la Familia Michoacana mantiene operaciones principalmente en el oriente del estado y en municipios colindantes, mientras que otras zonas presentan influencia de grupos provenientes de Jalisco y Veracruz, además de células regionales.
Sobre las críticas del presidente municipal de Morelia, quien expresó que no se expuso la situación real de seguridad, el fiscal indicó que sí hubo planteamientos sobre la necesidad de intervenir en fases más profundas de la cadena delictiva. Explicó que se planteó no solo contener la distribución de drogas, sino actuar en la producción y desarticulación de laboratorios.
En ese sentido, refirió que autoridades federales y estatales coincidieron en que una de las etapas a atender es la intervención en centros de producción, como parte de una estrategia para reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos.
Las declaraciones reflejan una agenda centrada en la coordinación institucional y el sostenimiento del despliegue federal, mientras persisten demandas locales para ampliar el alcance de las acciones de seguridad en zonas con presencia de grupos criminales.