Autoridades federales y estatales realizaron en Morelia una ceremonia de destrucción de armamento asegurado, en la que se inutilizaron más de 600 armas de fuego como parte de las acciones para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en Michoacán.
El acto fue encabezado por el comandante interino de la 12 Región Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, acompañado por mandos del Ejército, la Guardia Nacional y autoridades civiles, entre ellas representantes del gobierno estatal, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la orden leída durante la ceremonia, el armamento destruido fue asegurado en operativos realizados por distintas corporaciones. En total se reportaron 439 armas largas, 223 armas cortas, mil 344 cargadores y miles de cartuchos, en lo que las autoridades definieron como acciones “encaminadas a combatir la delincuencia y preservar la tranquilidad de la población”.
El procedimiento incluyó la verificación física de cada arma antes de su destrucción. Personal técnico revisó características como marca, calibre y matrícula para cotejarlas con registros oficiales. Tras la validación, se autorizó su inutilización inmediata. “Información correcta, procedan con la destrucción”, se indicó durante la inspección de un fusil calibre 7.62 x 39 milímetros.
La jornada se desarrolló mediante módulos operativos que contemplaron organización, destrucción y recolección de materiales, bajo supervisión militar. El evento contó con la participación de elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como funcionarios de los tres órdenes de gobierno.
Durante la ceremonia, las autoridades enmarcaron la destrucción del armamento dentro de una estrategia orientada a retirar de circulación armas utilizadas en actividades delictivas. La acción se presentó como parte del cumplimiento de disposiciones legales vigentes y como un mecanismo para incidir en la reducción de riesgos para la población.
El acto público forma parte de una práctica institucional que busca documentar el destino final del armamento decomisado, en un contexto donde las fuerzas de seguridad mantienen operativos permanentes en distintas regiones del estado.