En el marco de la discusión sobre la nueva Ley de Aguas, el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez informó que presentará una acción de inconstitucionalidad para revertir lo que considera una concentración del control del recurso hídrico en manos de la Federación. El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que la norma impone reglas sin sustento presupuestal y afecta directamente a agricultores, ganaderos y familias.
Sánchez adelantó que subirá al pleno de la Cámara de Diputados la propuesta de crear un Fondo Nacional de Infraestructura Hidráulica Municipal, destinado a reparar fugas, modernizar redes, rehabilitar pozos y garantizar un suministro continuo de agua. Señaló que esta iniciativa será respaldada por las fracciones panistas en los congresos estatales, con el objetivo de proteger al campo y ofrecer medidas viables para las comunidades.
Acción Nacional, dijo, mantiene propuestas específicas en la materia, entre ellas regular la transmisión de derechos de agua entre particulares, ejidos y herederos, garantizar que el volumen asignado corresponda a la superficie real de los predios agrícolas o pecuarios y crear títulos de uso mixto para actividades complementarias en un mismo pozo.
El legislador cuestionó que la Ley de Aguas pretenda decidir desde la Federación la operación de pozos, tuberías y sistemas municipales, incluso sobre instalaciones en viviendas particulares. Afirmó que, aunque la norma se presenta como un instrumento de justicia hídrica, en la práctica impone disposiciones que considera impracticables y con efectos negativos para el sector productivo.
Sánchez recordó que en años recientes se han eliminado apoyos al campo, se extinguió la Financiera Rural y se redujo el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). En ese contexto, advirtió que centralizar el manejo del recurso hídrico abre la puerta a un uso político del agua, con riesgos de premiar lealtades y castigar oposiciones.
La acción de inconstitucionalidad será presentada en los próximos días, en lo que el legislador definió como una lucha legal para garantizar certeza jurídica y un manejo técnico del recurso, acompañado de incentivos fiscales para quienes reutilicen el agua y apoyos directos al campo.