La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que expide la Ley General de Aguas y modifica diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo central es reglamentar el ejercicio del derecho humano al agua y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales.
El documento deriva de la iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con propuestas coincidentes impulsadas por legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. Durante la sesión, el diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, en funciones de la presidencia de la Mesa Directiva, informó que se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos contemplados en el proyecto de decreto, lo que abrió paso a la discusión en lo particular.
El dictamen establece que la nueva Ley reglamenta el derecho humano al agua y saneamiento previsto en el artículo 4º constitucional, define responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en materia de acceso y disposición del recurso, y fija las bases para un uso equitativo y sustentable. También reconoce la interdependencia del agua con otros derechos humanos, fomenta la cultura del agua mediante programas educativos y fortalece los sistemas comunitarios que operan en comunidades indígenas y rurales.
Entre los puntos relevantes se incluye la creación de un Registro Nacional del Agua, la definición de delitos hídricos, la regulación de la reasignación de volúmenes y la incorporación del concepto de seguridad hídrica como capacidad del Estado para garantizar acceso sostenible y de calidad. Asimismo, se contempla la planificación hídrica obligatoria con proyecciones de corto, mediano y largo plazo, considerando factores como crecimiento poblacional, cambio climático y conservación de ecosistemas.
La reforma a la Ley de Aguas Nacionales introduce el concepto de aguas residuales tratadas para su reúso, fortalece las facultades de la Comisión Nacional del Agua en situaciones de emergencia y establece sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las disposiciones, incluyendo la revocación de concesiones y penas de prisión en casos de corrupción o explotación ilegal del recurso.
Con esta aprobación en lo general, la Cámara de Diputados avanza en la discusión de un marco jurídico que redefine la gestión del agua en México, colocando en el centro el derecho humano al acceso y saneamiento, y marcando un cambio en la política hídrica nacional.