La Cámara de Diputados recibió una propuesta de la legisladora Ana Isabel González González (PRI) que busca adicionar los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, con el objetivo de establecer un marco regulatorio específico para atender el bullying como una responsabilidad compartida entre Estado, padres de familia y autoridades educativas.
La iniciativa plantea que el Estado priorice el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, garantizando programas y políticas públicas que hagan efectivo este principio constitucional. Se define el bullying como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el propósito de intimidar, excluir o dañar.
El proyecto establece obligaciones para padres y tutores, quienes deberán participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas y garantizar atención psicológica a sus hijos cuando así lo determine la autoridad escolar. En caso de reincidencia, se prevén medidas graduales: una amonestación y cursos de parentalidad positiva en la primera falta; una multa proporcional al ingreso familiar en la segunda; y canalización obligatoria a instancias de procuración de justicia en la tercera, siempre bajo el principio de proporcionalidad y evitando criminalizar a los menores.
La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, contempla que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, emitan lineamientos para su aplicación. En su exposición de motivos, González González subrayó que el acoso escolar se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en la educación básica, con efectos negativos en el rendimiento académico, consecuencias psicológicas severas y un incremento en la violencia juvenil.
La diputada destacó que, aunque la legislación vigente reconoce el derecho de los menores a vivir sin violencia, no especifica la responsabilidad parental frente al bullying. Consideró que esta regulación es una necesidad apremiante para cerrar vacíos legales, prevenir daños irreparables en la salud emocional y garantizar un entorno educativo seguro. Con ello, docentes y estudiantes contarían con herramientas claras para identificar y enfrentar el acoso escolar.