Diputada del PRI denuncia abandono en seguridad y exige firmeza al gobierno federal

by Enlace Noticias

La diputada Fuensanta Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI y secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que el régimen de Morena ha dejado en estado de vulnerabilidad a municipios, estados y ciudadanía frente a la violencia que atraviesa el país. La legisladora zacatecana urgió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a aplicar la ley con rigor para contener a la delincuencia y garantizar condiciones de paz.

Guerrero lamentó que el año 2025 se haya convertido en uno de los periodos más críticos en materia de seguridad pública, al señalar que la estrategia federal “sigue sin dar resultados” y que el Ejecutivo “opta por maquillar cifras mientras el país se desangra en cada rincón”. Como ejemplo, recordó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien había solicitado protección en reiteradas ocasiones sin recibir respuesta efectiva. “La imagen del sombrero ensangrentado del munícipe quedará como un recordatorio del México actual: un país donde alzar la voz o negarse a pactar con la delincuencia se ha convertido en un acto de supervivencia”, expresó.

Desde su posición en la Mesa Directiva, la diputada sostuvo que este crimen simboliza el hartazgo ciudadano, reflejado también en las movilizaciones del 25 de noviembre, que terminaron en actos de represión policial. Subrayó que al menos una decena de alcaldes han sido asesinados en lo que va del año, lo que evidencia la fragilidad en la que operan los gobiernos locales frente al crimen organizado.

“La seguridad no es un favor para las y los mexicanos; es una obligación del Estado”, afirmó Guerrero, al exigir que en 2026 se registren avances significativos en la materia. Advirtió que mientras la ley no se aplique con firmeza, la justicia no sea tangible y el crimen continúe ganando terreno, “ninguna persona en México podrá vivir en paz”.

La postura de la legisladora refleja la creciente presión en el Congreso para que el gobierno federal reconozca la crisis de seguridad y asuma medidas efectivas que respondan al reclamo de la ciudadanía.

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