Por El Ensayista de San Nicolás
En los tiempos que corren, donde la vida universitaria debería nutrirse del pensamiento crítico y la pluralidad de ideas, resulta preocupante observar cómo los mecanismos de reconocimiento institucional se deslizan, casi imperceptiblemente, hacia prácticas más propias de la propaganda que del mérito académico. Lo que en apariencia se presenta como una estrategia de difusión de logros, termina por convertirse en un sistema de validación obligada, donde el aplauso deja de ser espontáneo para transformarse en requisito tácito de pertenencia.
Bajo el liderazgo de la Yarabí Ávila González, la narrativa institucional ha encontrado en las redes sociales —particularmente en Facebook— un escaparate privilegiado. Cada publicación que exalta acciones, avances o gestiones rectorales no solo circula, sino que se reproduce con una uniformidad que difícilmente puede atribuirse al entusiasmo genuino. El “like”, la réplica y el comentario elogioso se han vuelto gestos recurrentes, casi rituales, que reafirman una imagen cuidadosamente construida del ejercicio del poder. No es casualidad que esta dinámica ya hubiera sido señalada en artículos anteriores: lo que entonces parecía una tendencia, hoy se perfila como un patrón consolidado.
Sin embargo, el fenómeno adquiere una dimensión más delicada cuando el reconocimiento deja de ser voluntario y comienza a insinuarse como condición. Diversos indicios apuntan a que el respaldo a los profesores —sea en forma de apoyos, oportunidades o simple consideración institucional— se encuentra mediado por su participación activa en esta liturgia digital. Así, la adhesión pública en redes sociales deja de ser un acto de coincidencia para convertirse en una credencial de lealtad. El espacio académico, que debería sostenerse en la libertad de cátedra y pensamiento, se ve entonces atravesado por una lógica de alineamiento.
Más inquietante aún es la otra cara de este proceso: el monitoreo constante de las voces disidentes. Allí donde el discurso oficial encuentra eco, la crítica parece ser observada con lupa. No se trata únicamente de ignorar posturas divergentes, sino de seguirlas, registrarlas y, en algunos casos, sancionarlas. Esta vigilancia —sutil pero persistente— genera un clima donde opinar deja de ser un ejercicio natural y se convierte en un riesgo calculado. La autocensura, en consecuencia, no tarda en instalarse como mecanismo de supervivencia.
Tal vez valdría la pena añadir, con la misma mesura, un elemento que no se mide en estadísticas oficiales, sino en el pulso cotidiano de la universidad. Hoy por hoy, en los pasillos de Ciudad Universitaria se percibe un ambiente marcado por el temor contenido y una desaprobación que rara vez se expresa de forma abierta, pero que se comparte en voz baja entre administrativos, académicos y estudiantes. No es un juicio lanzado al vacío, sino una constante que emerge del diálogo directo con los tres sectores.
La percepción de que la administración se caracteriza por una centralización excesiva de decisiones se ha vuelto recurrente. Lejos de interpretarse como un ejercicio de orden, se asume como una forma de control que limita la participación y reduce la autonomía universitaria. Particularmente sensible resulta el tema de las prestaciones laborales: la idea de que desde la rectoría se determina qué beneficios derivados de los Contratos Colectivos de Trabajo se cumplen y cuáles no, ha generado un malestar que trasciende lo económico y se instala en el terreno de la confianza institucional.
Ante este escenario, no resulta descabellado proponer un ejercicio más riguroso que permita dimensionar el nivel real de aprobación de la gestión. Una encuesta con metodología seria, transparente y verificable ofrecería datos más sólidos que las impresiones recogidas en la cotidianidad. No obstante, estas últimas tampoco deben desestimarse: cuando siete de cada diez voces coinciden en su desaprobación, el dato —aunque informal— se vuelve difícil de ignorar. Más aún cuando encuentra eco en mediciones externas, como el ranking de rectores recientemente publicado, donde su desempeño se ubica en el lugar 30 de 35 universidades evaluadas, con una aprobación del 36%. De manera congruente, en la encuesta de agosto de 2024 —levantada mediante consulta telefónica a la población—, en la que se incluyó el Ranking de Honorabilidad, se formuló la pregunta: “¿Para usted la reputación del rector de su universidad pública es buena o mala?”. En dicho ejercicio, la posición la coloca en el lugar 33 de 35, con una aprobación del 38%, lo que refuerza la consistencia de esta percepción.
Así, el contraste se vuelve evidente: mientras en el espacio digital se proyecta una imagen de logros constantes y respaldo uniforme, en el ámbito físico de la universidad se manifiesta una realidad más compleja, marcada por la inconformidad y la reserva. Entre ambas dimensiones se abre una brecha que, de no atenderse, corre el riesgo de profundizarse.
Porque al final, ninguna estrategia de comunicación, por eficaz que parezca, puede sustituir la legitimidad que emana del reconocimiento auténtico de la comunidad. Y ese reconocimiento, como bien sabe la tradición universitaria, no se impone, no se condiciona y mucho menos se vigila: se construye, se dialoga y, sobre todo, se gana.