Por el Ensayista de San Nicolás
El Primero de Mayo no es una fecha de ornato. Es una jornada que recuerda que los derechos laborales no nacieron de la complacencia del poder, sino de la resistencia organizada de quienes tuvieron que enfrentar estructuras cerradas, patronales inflexibles y autoridades incapaces de reconocer a tiempo la dignidad del trabajo. Por eso, una huelga universitaria en pleno Día del Trabajo no puede ser leída como un simple problema operativo ni como un obstáculo incómodo para la normalidad académica. Debe entenderse como lo que es: el síntoma más visible de una conducción institucional que no supo escuchar, negociar ni resolver.
La huelga no surge en el vacío. Como ya se señaló en el artículo La huelga que no se quiere entender, su estallamiento revela el fracaso del diálogo previo. Una huelga no es el inicio del conflicto, sino el punto al que se llega cuando las partes, particularmente quien tiene la responsabilidad patronal de conducir la negociación, no logran construir una salida oportuna. Por eso resulta equivocado colocar el centro de la crítica en el sindicato. El ejercicio de un derecho colectivo no puede convertirse en la coartada para ocultar la incapacidad de la autoridad universitaria. El problema no es que los trabajadores hagan valer sus instrumentos legales; el problema es que la Rectoría haya permitido que el conflicto llegara hasta ese extremo y, una vez ahí, no haya sabido devolverlo al cauce del acuerdo.
Esta precisión es indispensable porque, en los últimos días, se ha intentado instalar una narrativa que presenta la huelga como la causa de todos los males universitarios, cuando en realidad es la consecuencia de una crisis de conducción. En el análisis de Lombardo Velado, Huelga, diálogo social y responsabilidad patronal, se advierte con claridad que la paz laboral no se decreta, se negocia. Esa idea desmonta la comodidad del discurso institucional que pretende hablar de afectaciones sin reconocer la responsabilidad patronal que existe detrás de toda negociación fallida. Una Universidad pública no puede exigir normalidad si antes no construye las condiciones políticas y laborales para hacerla posible.
El problema de fondo es que la Rectoría ha confundido firmeza con inmovilidad. Ha privilegiado una estrategia de resistencia, desgaste y judicialización, como si el conflicto laboral pudiera resolverse por acumulación de expedientes o por espera administrativa. Pero los conflictos laborales no se extinguen por cansancio; se resuelven con acuerdos. Y cuando la autoridad sustituye la negociación por el litigio, no demuestra fortaleza: exhibe su incapacidad para hacer política universitaria.
Como ya se sostuvo en La derrota que quiso vestirse de victoria, los tribunales pueden modificar efectos, conceder o negar suspensiones, pero no pueden reconstruir confianza. La confianza se construye en la mesa, con propuestas serias, con voluntad de cumplimiento y con interlocución legítima. Si cada acercamiento termina roto, si cada reunión se convierte en nuevo agravio, si cada posibilidad de solución queda subordinada a una táctica procesal, entonces el problema no está solamente en la complejidad del conflicto, sino en la falta de conducción de quien encabeza la institución.
Las declaraciones realizadas por Eduardo Tena Flores durante la marcha del Primero de Mayo, al señalar que las negociaciones volvieron a romperse, deben leerse dentro de ese contexto. No como una anécdota de marcha ni como una frase de coyuntura, sino como la confirmación de una ruptura de confianza que se ha vuelto estructural. Cuando una parte afirma que se le tiende la mano mientras se actúa en sentido contrario, lo que se revela es la imposibilidad de construir acuerdos bajo una conducción que ya no genera credibilidad.
La Rectora Yarabí Ávila González tiene una responsabilidad que no puede seguirse diluyendo. Gobernar la Universidad Michoacana no consiste únicamente en ocupar formalmente el cargo ni en administrar comunicados. Gobernar implica resolver crisis, asumir costos políticos, abrir rutas de entendimiento y evitar que la comunidad universitaria quede atrapada entre la parálisis laboral y la incertidumbre académica. Y hoy, los hechos muestran que esa responsabilidad no se ha cumplido con eficacia.
No se trata de negar la complejidad financiera, jurídica o administrativa de la Universidad. Toda institución pública enfrenta límites. Pero precisamente por eso requiere liderazgo. La falta de recursos no justifica la falta de diálogo. La existencia de procedimientos legales no justifica la ausencia de acuerdos. La dificultad del conflicto no exime a la autoridad de conducirlo. Al contrario: cuanto más complejo es el problema, mayor debe ser la capacidad política de quien dirige.
La Universidad Michoacana vive una crisis que ya no puede explicarse sólo por las demandas sindicales ni por los márgenes presupuestales. Vive una crisis de conducción. Una crisis en la que la Rectoría ha perdido capacidad de interlocución con los trabajadores, ha desgastado su relación con la comunidad y ha permitido que la vida universitaria quede suspendida en una espera que nadie sabe hacia dónde conduce.
Ese es el punto más grave. Una Universidad no puede permanecer indefinidamente detenida mientras su autoridad espera que el conflicto se desgaste solo. No puede pedir comprensión a los estudiantes sin ofrecer resultados. No puede hablar de responsabilidad institucional mientras se aferra a una estrategia que no ha resuelto nada. No puede invocar la defensa de la educación si no atiende con seriedad la causa laboral que impide su continuidad plena.
El Primero de Mayo, entonces, no sólo exhibe la vigencia del derecho de huelga. Exhibe también la ausencia de una Rectoría capaz de honrar el sentido profundo de esa fecha: reconocer la dignidad del trabajo, sentarse a dialogar con quienes sostienen cotidianamente la institución y comprender que la autoridad universitaria no está para vencer a sus trabajadores, sino para construir con ellos la viabilidad de la Universidad.
Por eso la conclusión, aunque dura, resulta inevitable. Por el bien de la Universidad Michoacana, Yarabí Ávila González debe dar un paso de lado y permitir que otra persona asuma la conducción institucional. No se trata de una consigna ni de una descalificación personal. Se trata de una valoración política de resultados. Cuando una autoridad no logra resolver, cuando su permanencia profundiza la desconfianza, cuando su estrategia prolonga el conflicto y cuando su liderazgo ya no abre puertas sino que las cierra, la responsabilidad más alta consiste en reconocer que la institución necesita otro rumbo.
Dar un paso de lado no sería abandonar la Universidad. Sería, por el contrario, anteponerla al interés personal de permanecer. Sería aceptar que ninguna administración vale más que la estabilidad de la institución. Sería abrir la posibilidad de que una nueva conducción, con legitimidad renovada y capacidad real de interlocución, reconstruya el diálogo con el sindicato, devuelva certidumbre a los estudiantes y restablezca la vida universitaria.
La Universidad Michoacana no puede seguir atrapada en una administración que ya no conduce, sino que resiste. No puede continuar subordinada a una estrategia que judicializa, posterga y desgasta. No puede esperar indefinidamente a que la crisis se resuelva por inercia. La Universidad necesita dirección, sensibilidad y oficio político. Necesita una autoridad capaz de escuchar antes de litigar, de negociar antes de confrontar y de resolver antes de prolongar.
El Primero de Mayo debería ser una fecha para honrar el trabajo, no para evidenciar la incapacidad de una Rectoría de dialogar con sus trabajadores. Y si la conducción actual ya no puede abrir una salida, entonces la salida empieza precisamente ahí: en reconocer que ha llegado el momento de hacerse a un lado.
Porque la Universidad Michoacana está por encima de cualquier cargo, de cualquier administración y de cualquier cálculo personal. Y cuando la permanencia de una autoridad deja de ser garantía de estabilidad para convertirse en obstáculo de solución, la responsabilidad histórica exige una decisión clara: dejar que otra persona tome la conducción de la Universidad y le devuelva rumbo.