Por el Ensayista de San Nicolás
En la vida universitaria, donde el conocimiento se cultiva con paciencia, rigor y una silenciosa vocación de trascendencia, hay gestos que, por repetidos, dejan de parecer inocentes y comienzan a revelar una lógica más profunda. Me refiero a esa práctica cada vez más frecuente en redes sociales y medios institucionales: la publicación constante —casi mecánica— de logros académicos que, lejos de reconocer a sus verdaderos protagonistas, se encapsulan bajo una fórmula fija: “bajo el liderazgo de la Dra. Yarabí Ávila González”. No es la frase en sí lo que inquieta, sino lo que encubre: una operación sistemática de desplazamiento del mérito.
Porque detrás de cada artículo publicado, de cada patente registrada, de cada programa acreditado o creado, hay trayectorias largas, a menudo ingratas, sostenidas por investigadores que trabajan en condiciones no siempre favorables, por cuerpos académicos que se organizan con esfuerzo, por estudiantes que también aportan. Sin embargo, en la narrativa institucional, esos nombres se diluyen. El mérito se abstrae, se centraliza, se reconfigura en torno a una figura única que termina por convertirse en eje explicativo de todo logro. Así, la complejidad del trabajo universitario se simplifica hasta volverse propaganda.
Pero lo que en un inicio podría interpretarse como una estrategia de comunicación institucional ha derivado, con el paso de los meses, en algo más inquietante: la construcción de un culto a la figura de la rectora. No un reconocimiento legítimo de su investidura, sino una exaltación reiterada, casi ritual, que exige ser replicada, amplificada y celebrada sin matices. Y como eco predecible, los perfiles personales de funcionarios replican el mensaje, acompañándolo de felicitaciones casi intercambiables, redactadas con una uniformidad que roza lo coreográfico. Cada publicación no sólo informa: reafirma. Cada réplica no sólo difunde: rinde pleitesía.
Este fenómeno no es inocuo. Empieza a generar molestia, incluso irritación, en un amplio sector de la comunidad académica que observa —con una mezcla de desconcierto y hastío— cómo su trabajo cotidiano es subsumido bajo una narrativa que no les pertenece. La inconformidad no surge de un ánimo contestatario gratuito, sino de una experiencia concreta: ver cómo, mientras los apoyos a institutos y a investigadores se reducen o se vuelven más precarios, el reconocimiento simbólico también les es arrebatado. Es una doble pérdida: material y moral.
A ello se suma una percepción cada vez más extendida entre directores de institutos e investigadores: muchas de las patentes que hoy se difunden como logros recientes son, en realidad, el resultado de procesos largos que comenzaron incluso antes del inicio de la actual administración. No son frutos inmediatos de este rectorado, sino culminaciones de años de trabajo acumulado. Sin embargo, esa historia se omite. Y mientras se capitalizan simbólicamente esos resultados, en el presente la ciencia parece quedar relegada: el equipo científico en la universidad envejece, se vuelve obsoleto, y la necesidad de una inversión sustantiva para su renovación se vuelve cada vez más urgente y evidente.
Paradójicamente, mientras el reconocimiento se centraliza hacia arriba, la validación institucional también parece concentrarse en las mismas figuras. En días recientes, la propia universidad emitió un aviso público alertando sobre diplomas apócrifos, señalando que sólo tienen validez aquellos documentos firmados por la Rectora y el Secretario Académico. La intención es legítima: proteger la autenticidad institucional. Pero el mensaje, leído en el contexto actual, refuerza una idea inquietante: que todo aquello que no pase por la firma superior carece de legitimidad, incluso cuando su origen real esté en el trabajo académico de base. Más aún cuando la propia normatividad universitaria —en particular el Reglamento General de Educación Continua— establece algo distinto: que los documentos deben ser firmados por el titular de la dependencia que ofrece la actividad y por su coordinador, y sólo en los casos en que así lo amerite, por el Secretario Académico de la Universidad. Es decir, no se trata de una firma obligatoria ni universal. La distancia entre lo que norma y lo que se comunica no es menor: sugiere no sólo una lectura restrictiva, sino una tendencia a concentrar control simbólico e institucional en torno a las más altas figuras de autoridad.
En ese contexto, el discurso del “liderazgo” deja de ser inspirador para convertirse en irritante. Porque cuando el reconocimiento se concentra arriba, pero las cargas se sostienen abajo —y los recursos no acompañan—, lo que se produce no es cohesión institucional, sino una fractura silenciosa. Los académicos no sólo perciben la injusticia: la viven. Y esa vivencia, acumulada, termina por erosionar la legitimidad de cualquier relato oficial, por más cuidadosamente diseñado que esté.
Hay, además, un riesgo mayor: que la universidad, en lugar de ser un espacio de pensamiento crítico, termine reproduciendo dinámicas que le son ajenas, propias de estructuras donde la figura central se vuelve incuestionable y omnipresente. Una universidad que naturaliza el elogio automático, que normaliza la apropiación del mérito, que tolera la uniformidad discursiva, comienza a alejarse de su propia esencia.
No se trata de negar el papel del liderazgo institucional, ni de desconocer las responsabilidades que conlleva. Se trata de cuestionar su hipertrofia, su conversión en narrativa totalizante, su uso como dispositivo de legitimación constante. El verdadero liderazgo, si es tal, no necesita ser reiterado hasta el cansancio ni apropiarse del trabajo ajeno para sostenerse. Por el contrario, se mide en su capacidad de reconocer, de distribuir el mérito, de fortalecer a quienes hacen posible la vida académica.
Quizá la incomodidad creciente en la comunidad universitaria sea, en el fondo, una señal saludable: la evidencia de que aún persiste una conciencia crítica que se resiste a desaparecer. Porque una universidad que deja de nombrar a quienes producen el conocimiento no sólo comete una injusticia: comienza a desdibujar su propia razón de ser. Y cuando el liderazgo se afirma a costa de borrar nombres —y de olvidar las condiciones materiales que hacen posible la ciencia—, lo que termina por erosionarse no es sólo el reconocimiento individual, sino la memoria colectiva y la viabilidad misma de la institución. En ese silencioso despojo, repetido día tras día, no sólo se pierde el crédito: se pierde, poco a poco, la universidad misma.