Por el Ensayista de San Nicolás
En la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hemos visto muchas cosas a lo largo de su historia centenaria: debates ideológicos intensos, movimientos estudiantiles, disputas sindicales, reformas académicas y momentos de profunda transformación institucional. Lo que quizá no habíamos visto con tanta claridad es el intento de convertir el reclamo de quienes entregaron su vida a la Universidad —o de sus familias— en un acto susceptible de persecución jurídica. Lo ocurrido durante la inauguración de la ExpOrienta 34 deja ver algo más que una simple protesta: revela una preocupante forma de entender el poder universitario, la memoria institucional y el alcance de la autonomía.
Durante el acto inaugural de este evento, que cada año convoca a miles de jóvenes que buscan conocer la oferta académica de la Casa de Hidalgo, un grupo de familiares de trabajadores jubilados fallecidos decidió manifestarse para exigir la atención de demandas que consideran pendientes. Se trata de viudas y viudos de trabajadores que dedicaron décadas de su vida laboral a la Universidad Michoacana. Personas cuyos familiares construyeron, sostuvieron y defendieron esta institución desde aulas, oficinas, talleres y bibliotecas. Sin embargo, desde la rectoría se anunció la intención de presentar denuncias en su contra bajo el argumento de que su presencia representaba un riesgo para menores de edad y que además se violentaba la autonomía universitaria.
La afirmación resulta, por decir lo menos, profundamente problemática. Invocar la protección de menores como argumento para criminalizar una protesta pacífica no solo es un recurso retórico desproporcionado, sino también una forma de desplazar el debate real hacia un terreno emocional que evita discutir el fondo del conflicto. Las universidades públicas no son recintos asépticos donde la vida social se suspende; son espacios donde conviven el conocimiento, el pensamiento crítico y también las tensiones propias de cualquier comunidad humana. Pretender que una manifestación pacífica constituye un riesgo para la integridad de los asistentes es convertir la protesta en un delito por simple incomodidad política.
Pero todavía más grave es la utilización del concepto de autonomía universitaria como escudo para justificar una posible persecución contra quienes reclaman derechos. La autonomía no nació para proteger a las autoridades de la crítica ni para blindar decisiones administrativas frente al escrutinio público. La autonomía universitaria es una conquista histórica cuyo propósito ha sido garantizar la libertad de pensamiento, la independencia académica y la capacidad de autogobierno frente al poder político externo. Transformarla en un argumento para reprimir o judicializar el conflicto social dentro de la propia comunidad universitaria equivale a desnaturalizar su esencia.
Resulta particularmente inquietante que en el discurso oficial se pretenda desconocer a estas personas como parte de la comunidad universitaria. ¿Quién define, en última instancia, quién pertenece y quién no a la Universidad? Si la respuesta depende exclusivamente de la posición administrativa que se ocupa en un momento determinado, entonces la comunidad universitaria se reduce a una estructura burocrática. Pero la Universidad Michoacana es mucho más que eso: es una comunidad histórica formada por generaciones de estudiantes, profesores y trabajadores que han construido colectivamente su identidad. Los trabajadores jubilados y sus familias forman parte de esa historia, porque la Universidad no se edifica solo con decisiones administrativas, sino con trayectorias de vida dedicadas al servicio público.
Desconocer a los familiares de quienes entregaron su vida laboral a la institución implica desconocer también el carácter profundamente social de la universidad pública. Los trabajadores que hoy ya no están dejaron décadas de trabajo que permitieron que miles de jóvenes se formaran profesionalmente. Muchos de los servicios que hoy funcionan con normalidad existen gracias al esfuerzo cotidiano de esas personas. Reducir la memoria de ese trabajo a una condición de “externos” cuando sus familias exigen respuestas no solo es injusto; es una forma de borrar la historia viva de la institución.
Además, la decisión de recurrir a la denuncia penal frente a una manifestación revela una peligrosa tendencia contemporánea: la judicialización del conflicto social. Cuando una institución pública responde a la protesta con amenazas legales, el mensaje que envía es claro: el diálogo deja de ser el mecanismo preferente para resolver diferencias y se sustituye por el aparato coercitivo del Estado. Este camino es particularmente delicado en el contexto universitario, porque las universidades deben ser, por definición, espacios donde el conflicto se resuelve mediante el debate, la argumentación y la deliberación colectiva.
Lo que ocurrió en ExpOrienta 34 no debería interpretarse como una amenaza a la autonomía universitaria, sino como un recordatorio de que la Universidad es una institución viva, atravesada por demandas sociales que no desaparecen por decreto. La presencia de familiares de trabajadores jubilados no constituye un atentado contra la Universidad; por el contrario, es la expresión de un vínculo histórico que sigue reclamando reconocimiento y justicia. Pretender convertir ese reclamo en un acto punible es una respuesta que, lejos de fortalecer a la institución, corre el riesgo de debilitar su legitimidad moral ante la sociedad.
Las universidades públicas existen porque la sociedad las sostiene. Son financiadas con recursos públicos y tienen la responsabilidad de actuar con sensibilidad social, particularmente frente a quienes han contribuido a su desarrollo. Cuando la memoria de quienes trabajaron durante décadas se convierte en un estorbo político, algo profundo se está perdiendo en el camino. La grandeza de una institución no se mide únicamente por sus indicadores académicos o por la cantidad de estudiantes que recibe cada año; también se mide por la forma en que honra a quienes la hicieron posible.
Por eso, más allá de las coyunturas políticas del momento, conviene recordar una verdad elemental: las universidades no pertenecen a quienes temporalmente las administran. Las universidades pertenecen a su comunidad histórica. Y esa comunidad incluye a quienes enseñan, a quienes aprenden, a quienes trabajan diariamente para que todo funcione y también a quienes ya no están, pero dejaron su vida en sus pasillos. Ignorar esa realidad puede resultar políticamente conveniente en el corto plazo, pero en el largo plazo erosiona el fundamento ético de la institución.
Si la Universidad Michoacana quiere seguir siendo fiel al legado humanista que históricamente la ha caracterizado, tendrá que recordar que la autonomía no se defiende persiguiendo a quienes reclaman, sino escuchando a quienes recuerdan. Porque cuando la memoria se vuelve incómoda para el poder, lo que realmente está en riesgo no es el orden institucional, sino el sentido mismo de la universidad pública.