Por El Ensayista de San Nicolás
Por años, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se sostuvo en un frágil equilibrio que, con todas sus tensiones internas, logró evitar lo que hoy parece inevitable: el estallamiento de una huelga. Más de una década sin paralizar sus funciones no fue casualidad; fue resultado —imperfecto, sí— de la política entendida en su sentido más alto: la capacidad de construir acuerdos, de procesar diferencias y de sostener la vida institucional mediante el diálogo. Por ello, lo que hoy ocurre con el conflicto encabezado por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana no puede explicarse como un episodio aislado ni como una simple disputa laboral: es la manifestación de una ruptura más profunda en la forma de gobernar la Universidad.
Resulta particularmente contradictorio que esta crisis emerja en un contexto financiero que, al menos en apariencia, ofrece mejores condiciones que en el pasado. En la administración del Gobernador del Estado, el Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla, no solo se incrementó de manera sustancial el presupuesto universitario —al pasar de poco más de tres mil millones de pesos en 2021 a cerca de cinco mil millones en 2026—, sino que además se impulsó una reforma constitucional que garantiza a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un piso presupuestal equivalente al 4.5% del gasto estatal, estableciendo que este nunca podrá ser inferior al del ejercicio inmediato anterior. Se trata, por tanto, de un modelo de financiamiento privilegiado en el contexto nacional, que dota a la institución de certidumbre y suficiencia presupuestaria. Bajo estas condiciones, el problema deja de ser la falta de recursos y se traslada al ámbito de su ejercicio: un presupuesto pleno exige responsabilidad plena. De ahí que la pregunta que inevitablemente surge —incómoda pero imprescindible— no sea ya por la escasez, sino por la gestión: ¿cómo es posible que, con mayores recursos y con un marco constitucional que garantiza su estabilidad financiera, la Universidad no haya alcanzado el anhelado déficit cero y, peor aún, ¿se encuentre inmersa en un conflicto laboral de esta magnitud?
La respuesta no puede buscarse únicamente en cifras, sino en decisiones. Porque el presupuesto no es neutro: revela prioridades. Y en ese terreno, lo que se observa es una desviación preocupante del sentido esencial de la institución. Mientras persisten adeudos históricos, tensiones con los trabajadores y demandas legítimas sin atender, se han privilegiado proyectos que difícilmente pueden considerarse estratégicos en un contexto de crisis: una alberca olímpica, el sostenimiento de dos equipos de futbol profesional de tercera división, y una inversión creciente en imagen institucional y publicidad. No se trata de cuestionar el deporte o la proyección pública de la Universidad, sino de evidenciar la desconexión entre esas decisiones y las urgencias reales de la comunidad universitaria.
A ello se suma un estilo de gobierno que, lejos de abonar a la construcción de consensos, parece haber optado por la lógica del control y la contención. La política del miedo —expresada en presiones, silencios forzados y una comunicación institucional más preocupada por la narrativa que por la realidad— termina por erosionar los canales de interlocución. En esa misma lógica se inscribe una medida que, en apariencia, podría resultar plausible: el llamado a continuar las actividades académicas en modalidad virtual bajo el argumento de salvaguardar el derecho a la educación de los estudiantes. Sin embargo, más allá de su justificación formal, esta decisión revela una falta de sensibilidad para fomentar el diálogo social que permita la solución pacífica del conflicto. No se trata de garantizar derechos en abstracto, sino de generar condiciones reales para su ejercicio pleno; y trasladar la actividad académica al entorno virtual, en este contexto, no resuelve el conflicto, lo posterga, lo difiere, lo invisibiliza momentáneamente, pero no lo atiende en su raíz.
El respaldo que hoy recibe el movimiento sindical por parte de organizaciones como el SUTIN, el SITUAM, el SUTCOLMEX y el STEUABJO no es un dato menor ni un gesto protocolario. Es, en realidad, un síntoma de que la crisis ha trascendido el ámbito local para convertirse en un referente nacional de cómo no gestionar una universidad pública. Cuando otras instituciones observan y se solidarizan, lo que está en juego ya no es solo una negociación contractual, sino la credibilidad de todo un modelo de conducción universitaria.
En este contexto, insistir en que el problema es coyuntural o atribuible exclusivamente al sindicato resulta no solo simplista, sino irresponsable. La incapacidad de tender puentes, de abrir espacios reales de negociación colectiva y de reconocer la legitimidad del otro como interlocutor válido, tiene nombre y dirección. Gobernar una universidad no es administrar su imagen, ni gestionar su narrativa pública: es conducir una comunidad plural, crítica y exigente, donde el conflicto no se niega, se procesa.
Por ello, cuando la crisis alcanza este nivel de profundidad —cuando se rompe el diálogo, cuando el conflicto se nacionaliza, cuando la comunidad se polariza y cuando los recursos no se traducen en estabilidad—, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve estructural. No se trata de un relevo caprichoso ni de una disputa política menor: se trata de evaluar si quien hoy encabeza la institución cuenta aún con la capacidad de reconstruir las condiciones mínimas de gobernabilidad.
Y en este punto, incluso las reflexiones colaterales resultan reveladoras. El estallido de la huelga del SUEUM desmorona uno de los argumentos más reiterados en meses recientes: aquel sostenido por el Ing. Ramiro Silva Orozco, Secretario General del Sindicato de Profesores, quien bajo la premisa de que se requería una mayoría de la totalidad del padrón académico para estallar una huelga, optó por no ejercer ese derecho, aun existiendo un respaldo mayoritario de las secciones sindicales. Hoy, los hechos no solo desmienten esa interpretación, sino que la exhiben como jurídicamente insostenible y políticamente funcional a la contención del conflicto. La consecuencia es inevitable: la pérdida de legitimidad en su dirigencia no es un juicio subjetivo, sino el resultado de una contradicción entre discurso y realidad. En ese escenario, la reflexión sobre la pertinencia de su permanencia al frente del sindicato deja de ser una especulación y se convierte en una exigencia ética. Más aún, este episodio no puede leerse de manera aislada: es un dato revelador de las formas de operación que han prevalecido en la conducción universitaria, donde la interlocución parece sustituirse por alineamientos y donde la autonomía sindical se diluye en dinámicas de poder que poco tienen que ver con la defensa genuina de los trabajadores.
Si la respuesta es negativa —y los hechos parecen apuntar en esa dirección—, entonces la permanencia deja de ser una opción responsable. Porque aferrarse al cargo en medio del deterioro institucional no es un acto de firmeza, sino de obstinación. Y en una universidad pública, la obstinación no puede estar por encima del interés colectivo.
Quizá ha llegado el momento de asumir, con la seriedad que exige la historia de esta Casa de Estudios, que el relevo en la conducción no es una derrota personal, sino una necesidad institucional. No como concesión al conflicto, sino como condición para superarlo. Porque cuando el diálogo se agota, cuando el presupuesto no resuelve y cuando la legitimidad se erosiona, lo que corresponde no es resistir, sino reconstruir.
— El Ensayista de San Nicolás