Por el Ensayista de San Nicolás
La historia reciente de la Universidad Michoacana parece empeñarse en repetir un patrón peligroso: cuando el conflicto estalla, no se le enfrenta; se le niega. Ya lo advertíamos en “La huelga que unos niegan y el derecho que no entienden”: en esta institución, la legalidad no siempre se discute en los cauces normativos, sino en el terreno más cómodo —y más estéril— de la narrativa. Hoy, una carta abierta firmada por trabajadores universitarios vuelve a colocar el tema en su justa dimensión: no estamos frente a un diferendo menor, sino ante una crisis estructural que exhibe tensiones profundas entre autoridad, legalidad y derechos laborales.
No se trata únicamente de consignas o de retórica sindical. Cuando se habla de falta de pago de seguros de vida o de incumplimiento en jubilaciones, se está señalando algo más grave que una omisión administrativa: se está cuestionando la viabilidad ética de la institución. Porque una universidad pública puede resistir debates ideológicos, disputas políticas e incluso errores de gestión; lo que no puede soportar sin erosionarse es la ruptura del vínculo básico de confianza con quienes la sostienen día a día. En ese punto, la crisis deja de ser financiera o administrativa y se convierte en moral.
El señalamiento de un “desacato sistemático” a acuerdos previamente signados no puede despacharse con ligereza. En el ámbito laboral universitario, los contratos colectivos de trabajo no son simples documentos de negociación coyuntural; son el resultado de un equilibrio histórico entre partes que, en teoría, se reconocen mutuamente como interlocutores válidos. Cuando ese equilibrio se rompe —ya sea por incumplimiento o por dilación— lo que se resquebraja no es solo un acuerdo, sino la propia arquitectura institucional que permite la convivencia universitaria.
Y es precisamente en este punto donde conviene incorporar un elemento que, aunque menos visible, resulta profundamente corrosivo: la política del miedo. No se trata de una categoría abstracta ni de una exageración retórica. Se manifiesta en la inhibición de la crítica, en el silencio forzado de quienes temen represalias, en la autocensura que sustituye al debate abierto. Una institución universitaria que normaliza el miedo como mecanismo de control administrativo no solo deteriora su vida interna; traiciona su esencia misma como espacio de pensamiento libre.
El miedo, además, no solo inhibe: distorsiona. Cuando las decisiones se toman bajo presión o bajo la amenaza —explícita o implícita— de consecuencias administrativas, laborales o políticas, el diálogo deja de ser genuino y se convierte en una simulación. En ese entorno, los acuerdos pierden legitimidad, las instituciones se vacían de contenido y los conflictos, lejos de resolverse, se profundizan. La política del miedo no contiene la crisis: la agrava, la prolonga y la vuelve más compleja.
Y en ese clima, la apelación a la autonomía universitaria como escudo adquiere un matiz aún más preocupante. Nadie en su sano juicio podría negar el valor histórico y jurídico de la autonomía; es, sin duda, una de las conquistas más importantes de la educación pública en México. Pero confundir autonomía con inmunidad es un error —y, peor aún, una tentación autoritaria. La autonomía no exime del cumplimiento de obligaciones laborales ni convierte a la Universidad en un territorio ajeno al orden jurídico nacional. Por el contrario, la fortalece en la medida en que se ejerce con responsabilidad, transparencia y apego a la ley.
La eventual intervención de instancias externas —como el Congreso del Estado o incluso criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— no debe leerse únicamente como una intromisión, sino también como un síntoma. Cuando los mecanismos internos fallan o se perciben insuficientes, la presión se traslada inevitablemente hacia otros espacios de poder. El embargo precautorio mencionado por los trabajadores no es, en ese sentido, una anécdota jurídica, sino una señal de que el conflicto ha rebasado los márgenes de la autogestión universitaria.
Sin embargo, reducir el análisis a una confrontación entre autoridad y sindicato sería simplificar en exceso un problema que es, en realidad, mucho más complejo. Las exigencias planteadas —transparencia, cumplimiento de prestaciones, cese de prácticas indebidas, auditoría y hasta la renuncia de la titular del Ejecutivo universitario— deben leerse no solo como demandas inmediatas, sino como la expresión de un malestar acumulado. Un malestar que, como suele ocurrir, encuentra en la coyuntura el momento propicio para hacerse visible, pero que ha sido incubado durante largo tiempo, muchas veces en silencio.
Ahora bien, también es necesario advertir que la radicalización del discurso entraña sus propios riesgos. Cuando el conflicto se plantea en términos absolutos —de legitimidad total de un lado e ilegitimidad absoluta del otro— se cierran los espacios de negociación y se dificulta la construcción de soluciones sostenibles. La historia del derecho laboral, incluida la universitaria, enseña que los conflictos más duraderos no son aquellos donde una parte vence a la otra, sino aquellos donde ambas reconocen la necesidad de reequilibrar la relación.
La huelga anunciada, en ese contexto, no debe analizarse desde la comodidad de la opinión pública ni desde el simplismo de los números previos. Como ya se ha sostenido, su legalidad no se decide en el debate mediático, sino en los cauces previstos por la ley. Pretender invalidarla antes de su estallamiento, o reducirla a un ejercicio de popularidad, es desconocer la naturaleza misma del derecho de huelga. Pero tampoco puede perderse de vista que cada huelga implica costos sociales, académicos y humanos que trascienden a las partes directamente involucradas.
Lo verdaderamente preocupante es que, una vez más, la Universidad Michoacana se encuentre atrapada en una lógica de confrontación que privilegia la narrativa sobre la solución, ahora agravada por un ambiente donde el miedo sustituye al diálogo. Mientras se discute quién tiene la razón, la institución se desgasta; mientras se intercambian acusaciones, la comunidad universitaria —estudiantes, docentes y trabajadores— queda en medio de una incertidumbre que debilita su función sustantiva.
Si algo deja claro esta carta abierta, es que la crisis ya no puede administrarse con silencios, con descalificaciones ni con temor. Exige respuestas de fondo, no solo posicionamientos; exige voluntad política, no solo argumentos jurídicos; exige, sobre todo, recuperar la confianza perdida, lo cual es imposible en un entorno donde prevalece la intimidación, abierta o velada.
Si esta crisis continúa profundizándose —si el desgaste institucional sigue acumulándose en medio de la cerrazón, la simulación y la ausencia de una voluntad genuina de diálogo— ya no bastará con ajustes discursivos ni con llamados retóricos a la prudencia: será indispensable un cambio en la conducción misma del conflicto. Porque cuando quien encabeza la institución no solo deja de generar condiciones para la negociación colectiva, sino que contribuye activamente a su deterioro, el problema deja de ser coyuntural y se convierte en un obstáculo estructural insalvable. En ese punto, la permanencia ya no es un factor de estabilidad, sino de agravamiento de la crisis.
Sostener a toda costa una conducción que ha perdido capacidad de interlocución, credibilidad y eficacia no es un acto de firmeza institucional, sino de irresponsabilidad. Por ello, el relevo en la titularidad no debe plantearse como una posibilidad remota o una concesión política, sino como una exigencia legítima cuando la gobernabilidad universitaria se encuentra comprometida. No se trata de personalizar el conflicto, sino de reconocer que ninguna institución puede recomponerse mientras quien la dirige se convierte en el principal factor de bloqueo. Restablecer el diálogo, recuperar el respeto a los derechos laborales y reconducir a la Universidad a su esencia pasa, necesariamente, por asumir que hay momentos en los que la continuidad deja de ser virtud y se convierte en obstáculo.
Negar la huelga no la desaparece. Desestimar las demandas no las resuelve. Pero gobernar desde el miedo —o permitir que el miedo se convierta en el lenguaje cotidiano de la institución— sí tiene un efecto claro: profundiza la fractura, deteriora la vida universitaria y aleja cualquier posibilidad de solución duradera. En esa tensión —entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se teme— se juega hoy el futuro inmediato de una institución que, por su historia y su vocación, no debería permitirse el lujo de extraviarse en sus propias contradicciones.