En el marco de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la legisladora Mary Carmen Bernal Martínez afirmó que reconocer el feminicidio como un problema estructural permitirá avanzar hacia la igualdad jurídica para todas las mujeres, al establecer un tipo penal único, sanciones homogéneas y protocolos de investigación que eliminen la disparidad actual entre entidades federativas.
Durante su posicionamiento a favor del dictamen que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución, la diputada del Partido del Trabajo destacó que la homologación del delito es trascendental para combatir la impunidad y la desigualdad. Señaló que la falta de uniformidad en las definiciones estatales ha generado vacíos que obstaculizan la justicia. “Cada estado tiene una definición distinta del feminicidio; en algunos es delito grave, en otros no. Hay diferentes agravantes y penalidades, y esto lo único que trae es impunidad y desigualdad”, expuso.
Bernal Martínez sostuvo que esta reforma representa uno de los avances más importantes en materia de género en los últimos años, pues convertirá la justicia en un derecho y no en un privilegio condicionado por el territorio. “La vida de una mujer no puede valer distinto según el estado en el que vive”, afirmó.
La legisladora también subrayó la necesidad de fortalecer a las fiscalías, responsables de integrar las carpetas de investigación y perseguir los delitos. Consideró indispensable reformar la ley para combatir la corrupción y la impunidad que persisten en los procesos judiciales. “Muchos delitos quedan sin castigo debido a la manera en que se arman las carpetas”, advirtió.
En su intervención, enfatizó que la reforma no implica centralización, sino justicia. “Los derechos humanos no se negocian ni se fragmentan; la justicia no puede depender del código postal. Hoy decidimos si la ley protege a las mujeres o protege la desigualdad. No estamos legislando sobre competencias, estamos legislando sobre vidas”, concluyó.
La discusión se enmarca en el proceso legislativo para dotar al Congreso de la Unión de facultades para expedir una Ley General de Feminicidio, con el objetivo de establecer un estándar nacional que permita prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz una de las violencias más graves que enfrentan las mujeres en México.