En el Senado, las legisladoras de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros y Alejandra Barrales, solicitaron que la Fiscalía General de la República abra una investigación paralela por delitos de orden federal en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe, al advertir indicios que podrían configurar trata de personas y delincuencia organizada. Ambas insistieron en que la FGR debe atraer el caso de oficio, conforme lo establece la legislación vigente.
Ballesteros Mancilla señaló que versiones surgidas en torno al caso apuntan a un posible esquema de cooptación mediante engaño, lo que encuadraría en el delito de trata de personas, cuya investigación corresponde al ámbito federal. Recordó que el artículo 7 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas obliga a las autoridades a iniciar investigaciones de oficio cuando existan elementos que indiquen este tipo de conductas, sin necesidad de denuncia formal. “El Ministerio Público y los policías deben proceder de oficio con el inicio de la indagatoria”, subrayó.
Por su parte, la senadora Alejandra Barrales afirmó que, para evitar que delitos como la trata sigan engrosando las cifras de impunidad, es indispensable que la FGR atraiga el caso a partir de los testimonios y videos difundidos en medios. Señaló que el caso refleja el modus operandi de grupos criminales en entornos digitales, donde operan con facilidad para captar a mujeres, niñas y adolescentes en contextos de precariedad y desigualdad.
Ambas legisladoras coincidieron en que los delitos relacionados con trata y delincuencia organizada son perseguidos de oficio y requieren la intervención de instancias federales especializadas. Recordaron que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada cuenta con atribuciones para investigar hechos que involucren la participación de tres o más personas organizadas de manera permanente o reiterada, conforme a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Entre los elementos que consideran relevantes se encuentran posibles roles diferenciados en la comisión del delito —como vigilancia, captación de víctimas y manipulación de cámaras—, lo que podría indicar la existencia de una estructura organizada y no un hecho aislado. También destacaron que la captación mediante ofertas de trabajo falsas es un modus operandi recurrente en redes de trata, lo que abre la posibilidad de que existan otras víctimas vinculadas al mismo esquema.
Las legisladoras precisaron que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México continuar con la investigación por feminicidio, al tratarse de un delito del fuero común. Sin embargo, insistieron en que ambas vías de investigación no se contraponen: mientras la fiscalía local debe esclarecer los hechos y sancionar el feminicidio, la instancia federal puede indagar la posible existencia de redes criminales o estructuras de trata vinculadas al caso.