Por el Ensayista de San Nicolás
En la vida pública hay momentos en los que no basta con tener razón; es indispensable explicar por qué se tiene. Hoy, a propósito del reciente posicionamiento de la ANUIES y de las reacciones que ha suscitado, conviene retomar una reflexión que ya se había planteado con claridad: no todo acto proveniente del poder público constituye, por ese solo hecho, una violación a la autonomía universitaria. Confundir vigilancia con intervención, o exhorto con imposición, no solo empobrece el debate, sino que desfigura el alcance de uno de los principios más valiosos de nuestra vida institucional.
El exhorto del Congreso del Estado de Michoacán —como se ha sostenido previamente— no violenta la autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y no lo hace por una razón fundamental: porque no sustituye la voluntad universitaria, no impone decisiones, ni interviene en los procesos internos de autogobierno. Se limita, en cambio, a recordar la existencia de una obligación jurídica previamente establecida por la propia norma que el Congreso, en ejercicio de su potestad soberana, emitió. Es decir, no crea una carga nueva, sino que exige el cumplimiento de una ya existente.
La autonomía universitaria, como bien se ha dicho, no equivale a soberanía. Es una autonomía derivada, reconocida y delimitada por el propio orden constitucional y legal. Su finalidad es garantizar la libertad académica, el autogobierno y la administración de recursos; no erigir a la Universidad en un espacio inmune al derecho. Por ello, cuando existe un mandato legal expreso —como el contenido en los artículos transitorios de la reforma que obliga a emitir un reglamento en un plazo determinado—, su cumplimiento no es optativo. Es una exigencia jurídica que no puede diluirse en interpretaciones políticas.
En este contexto, el exhorto del Congreso no constituye una injerencia indebida, sino un acto de congruencia institucional. El órgano que crea la norma tiene no solo la facultad, sino la responsabilidad de velar por su observancia. Pretender que cualquier llamado al cumplimiento de la ley vulnera la autonomía equivale a convertir este principio en un escudo para la omisión, lo cual resulta incompatible con el Estado de derecho.
Ahora bien, el reciente posicionamiento de la ANUIES debe leerse con la misma seriedad y sin extrapolaciones. Su llamado es claro: evitar injerencias políticas indebidas y respetar la autonomía universitaria. Pero ese pronunciamiento no se refiere al fondo del exhorto legislativo, ni entra al análisis de las obligaciones jurídicas que la Universidad tiene frente a la ley. Mucho menos aborda el contexto de la huelga, ni sustituye los canales institucionales de diálogo que deben mantenerse abiertos entre la Universidad y sus trabajadores. Interpretarlo como un respaldo absoluto a una postura local específica no solo es incorrecto, sino intelectualmente deshonesto.
La ANUIES, por su propia naturaleza, es un organismo de coordinación y representación del sistema de educación superior. Su función es orientar, acompañar, fortalecer; no dirimir conflictos ni validar interpretaciones jurídicas particulares. Su voz es relevante, sin duda, pero no tiene efectos vinculantes ni redefine las obligaciones legales de las instituciones. Por ello, su posicionamiento debe entenderse en su justa dimensión: como un llamado general a preservar la autonomía, no como una absolución anticipada ni como un pronunciamiento sobre la legalidad del actuar universitario.
En medio de este escenario, se vuelve indispensable recuperar la claridad conceptual. La defensa de la autonomía no puede convertirse en una consigna vacía ni en un recurso retórico para evadir responsabilidades. Por el contrario, exige un ejercicio maduro de autogobierno, donde las decisiones se tomen conforme a la ley y dentro de los plazos establecidos. La autonomía se honra cumpliendo el derecho, no relativizándolo.
Hay, además, un elemento que no debe pasar desapercibido: la sobrerreacción frente a ciertos actos institucionales suele revelar más sobre la fragilidad de las decisiones internas que sobre la supuesta agresión externa. Cuando un exhorto genera más resistencia que reflexión, cabe preguntarse si el problema radica en quien exhorta o en quien omite cumplir.
Y en este punto, vale decirlo con claridad: hay tiempos en los que se contribuye más a la institucionalidad haciendo lo que corresponde, que buscando apoyos externos o interpretaciones favorables. Incluso, hay momentos en los que la mejor ayuda es hacerse a un lado, permitir que las instituciones funcionen conforme a sus reglas y evitar que el debate se contamine con lecturas parciales o interesadas.
La Universidad Michoacana no necesita defensas retóricas de su autonomía; necesita ejercerla con responsabilidad. Y eso implica reconocer que la ley no es un instrumento selectivo, sino un marco obligatorio. El exhorto del Congreso, lejos de vulnerar la autonomía, recuerda precisamente esa verdad incómoda: que ninguna institución, por más noble que sea su función, está por encima del derecho.
Al final, la autonomía no se pierde cuando se cumple la ley; se debilita cuando se utiliza para no cumplirla. Y esa es una distinción que, en estos tiempos, no podemos darnos el lujo de ignorar.
A la par de esta discusión, resulta indispensable no desviar la atención hacia interpretaciones interesadas del posicionamiento de la ANUIES o hacia una supuesta vulneración de la autonomía que, como se ha demostrado, no se configura en el exhorto legislativo. El verdadero centro del problema está en otro lugar: en la necesidad urgente de resolver la huelga legítimamente iniciada por el SUEUM. Ello exige que quienes tienen la facultad de decisión asuman su responsabilidad y se sienten a dialogar de manera directa y efectiva. En este caso, la conducción corresponde a la Rectora, Dra. Yarabí Ávila González, quien debe encabezar, con apertura y sentido institucional, un proceso que permita restablecer la normalidad en las funciones esenciales de la Universidad.
No se trata de imponer, ni de prolongar estrategias evasivas que solo profundizan el conflicto. Se trata de actuar con humildad política, de reconocer el momento crítico y de reconstruir la confianza con la comunidad universitaria, hoy erosionada por un ambiente de tensión que no puede ni debe normalizarse, y que, lamentablemente, se ha venido configurando a lo largo de estos tres años bajo una lógica de conducción marcada más por el temor que por el consenso. Gobernar una universidad implica, ante todo, generar condiciones de estabilidad y certeza. Cuando ello no se logra, también debe existir la altura de miras para reconocer los límites propios y permitir que otros conduzcan la institución hacia un ambiente más sano, donde prevalezca el diálogo, la legalidad y el respeto.