Una ciudadana mexicana fue sentenciada a 11 años de prisión por su participación en una organización de contrabando que, durante años, facilitó el ingreso ilegal de extranjeros a Estados Unidos y cometió robos a mano armada contra los propios migrantes que transportaba. De acuerdo con el Departamento de Justicia, Ofelia Hernández Salas, de 64 años y residente de Mexicali, operó junto con diversos cómplices una estructura que introdujo a cientos de personas provenientes de Asia, Oriente Medio y América Latina.
La acusación señala que Hernández Salas cobraba a los migrantes sumas que alcanzaban decenas de miles de dólares por cruzarlos de manera irregular. Las víctimas viajaban desde países como Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Además del traslado, la organización despojaba a los migrantes de dinero, teléfonos y pertenencias, en ocasiones utilizando pistolas y cuchillos.
“El tráfico transnacional de personas a gran escala amenaza directamente nuestra seguridad nacional”, declaró el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva. Afirmó que Hernández Salas y sus cómplices “pusieron en peligro a nuestras comunidades a gran escala” al introducir a ciudadanos extranjeros sin permitir una revisión adecuada por parte de autoridades migratorias, y añadió que la acusada “aumentó el riesgo de muerte al añadir el robo a sus actos delictivos”.
El fiscal federal Timothy Courchaine, del Distrito de Arizona, destacó que la investigación refleja el trabajo coordinado para desmantelar organizaciones de tráfico de personas. “La Fiscalía de los Estados Unidos, junto con nuestros socios federales e internacionales, utiliza todas las herramientas disponibles para atacar y desmantelar con firmeza las organizaciones transnacionales de tráfico de personas”, afirmó.
La red dirigida por Hernández Salas empleaba distintos métodos para el cruce fronterizo: escaleras para trepar la valla, puntos donde era posible pasar por debajo y tablas para cruzar arroyos. La operación incluía traslados masivos y robos sistemáticos a los migrantes. En marzo de 2023, Hernández Salas y su cómplice Raúl Saucedo-Huipio fueron detenidos en México tras una solicitud de extradición de Estados Unidos. Ambos permanecieron bajo custodia federal; Saucedo-Huipio está en espera de sentencia en junio de 2026.
En diciembre de 2024, Hernández Salas se declaró culpable de conspiración para introducir a un extranjero en Estados Unidos y de tres cargos por introducir personas con fines comerciales o de lucro personal. Tras cumplir su condena, quedará sujeta a deportación.
El caso fue impulsado por el Grupo de Trabajo Conjunto Alpha (JTFA), iniciativa del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para investigar y procesar delitos de tráfico y trata de personas cometidos por organizaciones criminales transnacionales. La JTFA ha logrado más de 450 arrestos nacionales e internacionales, más de 400 condenas y más de 345 sentencias de prisión significativas.
La investigación fue encabezada por la Oficina de Inteligencia de Seguridad (HSI) de Yuma, con apoyo de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el FBI, el Servicio de Alguaciles y agencias internacionales como INTERPOL. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades mexicanas colaboraron en la detención y extradición de la acusada.
El caso fue llevado por la abogada litigante Alexandra Skinnion, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales, y por el fiscal adjunto Jason Crowley, del Distrito de Arizona, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales.