Una ciudadana mexicana fue sentenciada a 41 meses de prisión en Estados Unidos por su participación en una organización internacional dedicada al tráfico de personas, según información oficial difundida por el Departamento de Justicia. La investigación, desarrollada por agencias federales estadounidenses y autoridades mexicanas, documentó que la red introdujo ilegalmente a miles de migrantes desde México hacia territorio estadounidense durante más de dos años.
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que el Gobierno estadounidense “se toma muy en serio a los traficantes de personas organizados que buscan socavar la integridad y la seguridad de nuestras fronteras y nuestras leyes de inmigración para obtener ganancias ilícitas”. Añadió que quienes operan fuera del país también enfrentarán procesos judiciales cuando violen las leyes estadounidenses.
El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, señaló que “a las organizaciones de tráfico de personas no les importan sus esperanzas ni sus sueños; solo les importa su dinero”, y sostuvo que la sentencia representa un golpe para una estructura criminal que fue desmantelada mediante la coordinación entre fiscales federales y agencias de seguridad.
De acuerdo con documentos judiciales, entre noviembre de 2020 y marzo de 2023, Mónica Hernández-Palma, de 34 años, operó como parte de una organización internacional de tráfico de personas (ASO, por sus siglas en inglés) que trasladó ilegalmente a miles de extranjeros provenientes de Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán, Colombia, Guatemala, Honduras y Ecuador. La red mantenía casas de seguridad en Monterrey y Piedras Negras, donde Hernández-Palma coordinaba el alojamiento de los migrantes y su traslado hacia la frontera para cruzar el Río Grande con guías a pie.
La operación estaba dirigida por Enil Edil Mejía-Zúñiga, con base en San Antonio, Texas, quien organizaba los traslados desde Sudamérica y pagaba a los “coyotes”, conductores y operadores de casas de seguridad. Mejía-Zúñiga admitió que la organización introdujo entre 2.500 y 3.000 migrantes en dos años, cobrando entre 6.500 y 12.000 dólares por persona, lo que generó ingresos estimados entre 16 y 30 millones de dólares. Fue condenado a diez años de prisión en julio de 2025.
Hernández-Palma se declaró culpable de conspiración para introducir a un extranjero a Estados Unidos y de complicidad en el ingreso ilegal con fines de lucro. Su arresto y extradición fueron posibles gracias a la colaboración entre la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades mexicanas.
La investigación estuvo encabezada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Del Rio, en coordinación con unidades especializadas del Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y el Centro Nacional de Identificación de Objetivos. El caso fue procesado por la abogada litigante Bethany Allen y el fiscal adjunto Joseph Duarte II.
El proceso formó parte del trabajo del Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), la iniciativa del Departamento de Justicia enfocada en combatir redes de tráfico y trata de personas operadas por organizaciones criminales transnacionales. Según datos oficiales, el JTFA ha logrado más de 455 arrestos nacionales e internacionales, más de 400 condenas en Estados Unidos y la imposición de más de 350 sentencias de prisión significativas.
La sentencia contra Hernández-Palma se suma a los esfuerzos de Estados Unidos por desarticular estructuras criminales que operan en distintos países del continente y que, de acuerdo con las autoridades, representan un riesgo para la seguridad fronteriza y la integridad de los sistemas migratorios.