La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) afirmó que la reciente acusación por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, marca el inicio de una ofensiva más amplia contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Durante una comparecencia pública, el director de la agencia, Terrance Cole, sostuvo que existen vínculos históricos entre altos funcionarios de México y los cárteles, y advirtió que quienes colaboran con estas estructuras son responsables de “envenenar” a ciudadanos estadounidenses.
Cole afirmó que durante años “funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano han estado involucrados con el narcotráfico” y aseguró que Estados Unidos cuenta ahora con un presidente que “pone primero a los estadounidenses”. En ese contexto, anticipó que la acusación contra Rocha Moya no será un caso aislado. “Le aseguro que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”, declaró ante legisladores.
La presión desde Washington se intensificó durante una audiencia de confirmación en el Senado para funcionarios de la administración de Donald Trump. El senador John Kennedy señaló que es necesario “mantener la presión” sobre México y recordó que la estrategia de “abrazos, no balazos” impulsada por un expresidente mexicano reflejaba, a su juicio, un nivel de tolerancia hacia los cárteles.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, respaldó la postura de la DEA y reconoció una “colaboración sin precedentes” del gobierno mexicano en materia de seguridad. Sin embargo, pidió incrementar los esfuerzos contra el narcotráfico. “Eso es lo que espera el gobierno de Estados Unidos de México: que den un paso adelante, para que nosotros no tengamos que hacerlo”, afirmó.
La acusación contra Rocha Moya, presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, incluye cargos por narcotráfico y posesión ilegal de armas. También involucra a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses señalan que los implicados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, para facilitar el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Se trata de la primera vez que un gobernador mexicano en funciones enfrenta cargos por narcotráfico en territorio estadounidense, un hecho que ha generado tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación bilateral en seguridad.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó la semana pasada que “muy probablemente” podrían presentarse nuevas acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. La declaración refuerza el mensaje de la DEA y confirma que la ofensiva estadounidense no se limitará al caso de Sinaloa.
La postura de Washington abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad, en un momento en que Estados Unidos insiste en que México debe intensificar sus acciones contra el tráfico de drogas sintéticas, mientras autoridades mexicanas cuestionan la dimensión política de las acusaciones y su impacto en la soberanía nacional.