Por el Ensayista de San Nicolás
Hay momentos en la vida de una institución en los que el problema principal deja de ser el conflicto que la atraviesa y comienza a ser la forma en que sus autoridades deciden enfrentarlo. La Universidad Michoacana vive precisamente ese punto de inflexión. Lo que en un inicio se presentó como una victoria —la obtención de suspensiones provisionales— pronto reveló su verdadera dimensión: no era la solución del conflicto, sino apenas una modificación superficial de sus efectos. Y ahora, con nuevos reveses judiciales, queda en evidencia que la ruta elegida no solo ha sido insuficiente, sino profundamente equivocada.
El más reciente episodio confirma esa lectura. La negativa de la suspensión provisional solicitada por estudiantes —en un intento más por trasladar el conflicto al ámbito judicial— no es un simple tropiezo procesal. Es, en realidad, una reafirmación de un principio básico que la conducción universitaria ha decidido ignorar: los conflictos laborales, por su propia naturaleza, no se resuelven en los tribunales, sino en la negociación colectiva.
Sin embargo, la estrategia adoptada ha sido otra. Se ha insistido en judicializar lo que exige diálogo, en convertir la diferencia en expediente, en sustituir la construcción de acuerdos por la promoción de amparos. Y en ese desplazamiento, la Universidad ha ido perdiendo algo más valioso que cualquier resolución provisional: ha perdido la posibilidad de que su propia comunidad sea la que construya la salida al conflicto. Porque cuando los tribunales ocupan el lugar de la política universitaria, la comunidad deja de ser sujeto y se convierte en espectadora.
Se ha querido justificar esta ruta bajo la bandera del derecho a la educación, planteando una falsa disyuntiva entre la continuidad académica y el derecho de huelga. Pero esa narrativa no resiste un análisis serio. Una universidad pública no defiende a sus estudiantes debilitando derechos laborales, ni protege la institucionalidad desplazando la negociación colectiva. La verdadera responsabilidad radica en armonizar derechos, no en enfrentarlos para sostener una estrategia que, en los hechos, ha demostrado su ineficacia.
Porque el problema no es la existencia de recursos jurídicos, sino su uso como sustituto de la conducción institucional. Cada amparo promovido, cada intento por llevar el conflicto a los juzgados, no acerca la solución: la posterga. Los tribunales pueden conceder o negar suspensiones, pueden establecer límites o condiciones, pero no pueden generar acuerdos legítimos ni reconstruir la confianza entre las partes. Esa tarea es, por definición, política, y corresponde a quienes tienen la responsabilidad de conducir la Universidad.
Y en esa insistencia se ha ido configurando un callejón sin salida. Cada revés judicial no es un accidente aislado, es un síntoma de una estrategia agotada. Cada día que se privilegia la vía procesal sobre el diálogo, la Universidad se aleja de una solución duradera. Lo que se presenta como firmeza termina siendo rigidez; lo que se pretende como control se transforma en aislamiento; lo que se comunica como victoria se percibe, en la realidad cotidiana de la comunidad, como simulación.
Mientras tanto, el costo institucional se acumula. Los estudiantes viven en la incertidumbre, no por la huelga en sí, sino por la incapacidad de resolverla. Los trabajadores perciben una autoridad más dispuesta a litigar que a conciliar. Los sindicatos enfrentan una interlocución cerrada. Y la comunidad universitaria, en su conjunto, observa cómo el conflicto se prolonga sin una ruta clara de solución, más allá de los tribunales.
Más grave aún resulta la instrumentalización de los propios estudiantes en esta lógica. Si existen señalamientos de presiones para respaldar acciones jurídicas o firmar documentos sin plena convicción, el problema deja de ser estratégico y se vuelve ético. Una institución educativa no puede convertir a sus alumnos en piezas de una disputa legal. Su papel no es legitimar decisiones, sino ser el centro de una solución responsable.
Frente a este panorama, la reflexión deja de ser meramente jurídica para convertirse en política e institucional. Gobernar una universidad implica, ante todo, la capacidad de generar acuerdos en momentos de crisis. Cuando esa capacidad se sustituye por la judicialización sistemática, cuando el diálogo se desplaza por expedientes, cuando la comunidad es excluida del proceso de solución, entonces la conducción deja de ser eficaz.
Y es ahí donde la discusión se vuelve inevitable. No se trata de un señalamiento personal ni de una crítica coyuntural. Se trata de reconocer que hay momentos en los que la permanencia en el cargo deja de ser una garantía de estabilidad y comienza a convertirse en un obstáculo para la solución del conflicto. Cuando la ruta elegida ha demostrado reiteradamente sus límites, cuando la estrategia no construye acuerdos y el conflicto no solo persiste sino se profundiza, la responsabilidad institucional exige una decisión de mayor calado.
La renuncia, en ese contexto, no debe leerse como una derrota individual, sino como un acto de responsabilidad política. No como una claudicación, sino como la apertura de una posibilidad distinta. Porque cuando quien encabeza la institución ya no puede generar las condiciones para el diálogo, el mayor compromiso con la Universidad no es resistir en el cargo, sino permitir que se reconstruya la conducción.
La Universidad Michoacana no puede seguir atrapada en un laberinto de litigios ni subordinada a una estrategia que ha demostrado su incapacidad para resolver el conflicto. La salida no está en los tribunales, está en la negociación, en la reconstrucción de la confianza, en el reconocimiento mutuo de las partes. Y si esa ruta no puede ser conducida por quien hoy tiene la responsabilidad institucional, entonces la verdadera grandeza política radica en saber hacerse a un lado.
Porque al final, lo que está en juego no es el resultado de un amparo ni la narrativa de una administración. Lo que está en juego es la integridad de la Universidad, su capacidad de resolver sus propios conflictos y de mantenerse fiel a sus principios. Y en ese horizonte, insistir en una estrategia fallida no es firmeza: es prolongar una derrota que la institución ya no puede permitirse.