Por Lombardo Velado
“Trabajadores del mundo, uníos”. No es una consigna retórica ni una reliquia de museo ideológico. Es, en su esencia más profunda, un principio de cohesión frente a la desigualdad estructural que atraviesa al trabajo en todas sus formas. Bajo esa lógica, el propio desarrollo contemporáneo del derecho laboral internacional —consolidado en gran medida por la Organización Internacional del Trabajo y reforzado durante la gestión de Juan Somavía— ha insistido en un concepto central: el trabajo decente como condición mínima de dignidad humana. Esto implica no solo salario, sino estabilidad, seguridad, libertad sindical y negociación colectiva efectiva. Cuando estos elementos se erosionan, el sindicalismo no tiene opción: o resiste, o traiciona su razón de ser.
Lo ocurrido en la Universidad Michoacana no es un episodio menor ni una diferencia de interpretación jurídica; es, en términos políticos y éticos, una ruptura con el sentido histórico del sindicalismo. La postura asumida por el Secretario General del Sindicato de Profesores no solo resulta decepcionante: es profundamente reveladora. En lugar de colocarse del lado de la clase trabajadora en un momento de tensión legítima, opta por una narrativa institucional que, en los hechos, desactiva la fuerza colectiva y fragmenta la solidaridad entre sindicatos. No es neutralidad; es toma de partido.
La historia del movimiento obrero ha sido clara: el mayor enemigo de los trabajadores no siempre está fuera, sino dentro de sus propias estructuras cuando éstas se burocratizan y se subordinan al poder. A eso, con crudeza, se le ha llamado “charrismo sindical”: una forma de simulación donde el liderazgo deja de representar a la base y se convierte en un intermediario funcional al poder político o administrativo. Lo preocupante no es solo la etiqueta, sino sus efectos: desmovilización, pérdida de confianza y, sobre todo, la normalización de condiciones laborales precarias bajo el disfraz de legalidad.
El argumento de que no se cumplían las mayorías legales para el estallamiento de una huelga, utilizado en su momento, no solo quedó rebasado por la realidad —con la posterior acción del sindicato hermano—, sino que exhibió una interpretación restrictiva del derecho colectivo, convenientemente alineada con la inacción. Hoy, la reiteración de esa lógica, ahora mediante un pronunciamiento que invita a continuar labores en medio de un conflicto activo, no puede leerse sino como una estrategia de contención del descontento. Se apela a la “normatividad aplicable”, pero se omite que el derecho laboral no es un catálogo de prohibiciones, sino un instrumento de equilibrio entre factores de la producción.
Más grave aún es el efecto simbólico: cuando un liderazgo sindical exhorta a sus agremiados a desmarcarse de una coyuntura de lucha colectiva, no solo debilita a otro sindicato; erosiona la posibilidad misma de acción conjunta. La solidaridad intersindical no es una cortesía, es una condición de eficacia. Sin ella, cada gremio queda aislado, negociando en condiciones de desventaja frente a estructuras de poder mucho más consolidadas.
El problema, entonces, no es únicamente jurídico ni administrativo; es de legitimidad. Un dirigente sindical que no acompaña a su base en los momentos críticos, que privilegia la estabilidad institucional sobre la dignidad laboral, y que adopta discursos que favorecen la continuidad del statu quo, pierde el sustento moral de su representación. Y sin legitimidad, el liderazgo se convierte en una figura vacía, sostenida más por la inercia que por el respaldo real de los trabajadores.
En este contexto, la vieja consigna cobra una nueva dimensión: “Con nuestro líder a la cabeza o por la cabeza de nuestro líder”. No como una amenaza, sino como una advertencia histórica. El sindicalismo no es propiedad de sus dirigentes; pertenece a los trabajadores. Y cuando quienes encabezan esas estructuras olvidan ese principio, la base tiene no solo el derecho, sino la obligación de replantear su representación.
La Universidad Michoacana, con su tradición centenaria y su vocación humanista, no puede permitirse un sindicalismo complaciente. La defensa del trabajo digno no es un acto de rebeldía, es un imperativo ético. Y en ese terreno, las posturas tibias no son neutrales: son cómplices.