El Grupo Parlamentario del PAN presentó denuncias formales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del Corredor Interoceánico, proyecto prioritario del gobierno federal que, según la bancada, opera bajo condiciones de opacidad, deficiente supervisión y posibles actos de corrupción. La fracción legislativa subrayó que las fallas detectadas no son administrativas, sino hechos que derivaron en la muerte de 14 personas y lesiones a decenas más.
Acción Nacional sostuvo que cuando una obra pública falla y provoca pérdidas humanas, el Estado está obligado a investigar a fondo, deslindar responsabilidades y garantizar que no haya impunidad. Señaló que el mal uso del dinero público y la falta de vigilancia técnica generan obras inseguras, cuyas consecuencias se traducen en tragedias que pudieron evitarse con planeación adecuada y transparencia en la ejecución.
El coordinador del grupo parlamentario, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que la ausencia de controles y supervisión abre la puerta a sobreprecios, contratos irregulares y posibles desvíos de recursos. Indicó que cada peso mal utilizado afecta directamente a la ciudadanía, pues deja de destinarse a servicios esenciales como salud, seguridad, educación o programas sociales.
Los diputados Federico Döring, Héctor Saúl Téllez y Diana Gutiérrez Valtierra presentaron denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General de la República, argumentando la gravedad de los hechos y las consecuencias humanas derivadas de la ejecución del proyecto. La bancada insistió en que la corrupción y la negligencia deben ser investigadas y sancionadas con rigor.
El PAN recalcó que las denuncias no buscan protagonismo político, sino asegurar que se esclarezcan los hechos y se finquen responsabilidades a quienes, por acción u omisión, permitieron irregularidades que derivaron en condiciones inseguras. La fracción parlamentaria reiteró que continuará utilizando los mecanismos legales e institucionales para exigir transparencia en las obras públicas y proteger la vida y seguridad de la población, al señalar que la corrupción no es un problema administrativo, sino un fenómeno que puede tener consecuencias mortales.