En el arranque de los trabajos de la Comisión Permanente, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos crecientes del entorno digital. Su propuesta plantea modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar medidas de alfabetización digital, supervisión parental y reglas claras que garanticen una navegación segura.
Desde la tribuna de San Lázaro, la legisladora advirtió que el país enfrenta un contexto marcado por el incremento de la violencia, la normalización de conductas delictivas y vulneraciones constantes a la ciberseguridad, lo que obliga a adoptar medidas legislativas que prevengan riesgos y responsabilicen a los adultos encargados del cuidado de las infancias. Señaló que fenómenos como el acoso en línea, el grooming y la trata digital requieren respuestas institucionales más firmes y actualizadas.
González González subrayó que la protección digital debe construirse a partir de un equilibrio entre diálogo abierto, supervisión parental y configuraciones adecuadas de privacidad. Explicó que estas herramientas permiten mitigar riesgos como el ciberacoso y la exposición a contenido inapropiado, al tiempo que fomentan una huella digital positiva y un uso responsable de la tecnología. Enfatizó la necesidad de educar tanto a padres como a menores sobre prácticas de navegación segura.
La diputada destacó que la acción del Estado es indispensable para garantizar derechos fundamentales, entre ellos el acceso a una vida libre de violencia y el desarrollo integral de la niñez. Recordó que México tiene compromisos internacionales en materia de protección infantil y que es responsabilidad del Estado crear marcos legales, implementar políticas públicas y coordinar esfuerzos institucionales que prevengan abusos y promuevan la igualdad.
Agregó que existe un consenso creciente sobre la urgencia de legislar la responsabilidad del Estado frente a los riesgos del entorno digital. Señaló que las instituciones públicas deben proveer servicios esenciales que garanticen seguridad y bienestar, y que la construcción de mecanismos legales y administrativos es clave para ordenar la vida social y legitimar la función del Estado.
La iniciativa propone adicionar los artículos 47 Bis, 47 Ter, 47 Quater y 101 Bis 4 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de establecer obligaciones específicas en materia de protección digital y seguridad en línea para menores de edad. El proyecto será turnado a comisiones para su análisis y eventual dictamen, en un debate que anticipa un nuevo capítulo legislativo sobre derechos de la infancia en la era digital.