La Cámara de Diputados aprobó con 410 votos el dictamen que reforma los artículos 79 y 80 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objetivo de establecer que el Estado promoverá esquemas de precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable. La medida, enviada al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca mejorar el ingreso de pequeños y medianos productores y fortalecer la seguridad alimentaria del país.
El dictamen estipula además que el Gobierno Federal fomentará acciones y programas para garantizar a los campesinos un jornal justo y sostenible, priorizando el impulso al cultivo de árboles frutales, maderables y especies que requieren procesamiento. Con ello, se pretende armonizar la legislación con la reciente reforma constitucional que reconoce derechos campesinos y el apoyo directo anual con fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala.
La iniciativa subraya que los precios de garantía atienden la problemática del bajo ingreso de los productores frente a los costos de producción, situación que desincentiva la actividad agrícola y genera déficit alimentario. En 2025, el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos contó con una asignación presupuestaria de 12 mil 500 millones de pesos, cubriendo la producción de maíz, frijol, trigo panificable y cristalino, arroz y leche. A ello se suma el Programa Producción para el Bienestar, que otorga apoyos económicos a una amplia gama de cultivos, desde granos básicos hasta productos como café, cacao, miel y nopal.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT y promovente de la iniciativa, destacó que los cambios incidirán positivamente en la vida de millones de campesinos y campesinas, garantizando su derecho a la alimentación y la posibilidad de vivir con dignidad de su trabajo. Recordó que durante décadas el campo fue abandonado por políticas neoliberales que expulsaron a la población rural y volvieron dependiente al país de las importaciones de alimentos.
Sandoval afirmó que el dictamen constituye un paso concreto hacia un nuevo modelo de desarrollo rural, al elevar a rango legal una política que ha demostrado eficacia para mejorar ingresos, corregir asimetrías frente a las importaciones y contribuir a la soberanía alimentaria. “Respaldamos estos cambios porque permitirán fortalecer el ingreso de los que menos tienen, combatir la pobreza rural y la migración forzada, impulsar la autosuficiencia y reconocer el valor de la agricultura forestal y de la protección ambiental”, puntualizó.
Con esta reforma, la Cámara de Diputados consolida un marco jurídico que busca garantizar precios justos y jornales seguros, articulando políticas sociales, productivas y ambientales en beneficio del campo mexicano