La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal para aumentar las penas y sanciones en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Con 452 votos en lo general y 460 en lo particular, el Pleno avaló cambios que buscan cerrar espacios de impunidad y castigar con mayor severidad conductas que dañen los recursos naturales del país.
Entre las reservas aceptadas destaca la presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena), a nombre de los coordinadores parlamentarios, para endurecer las sanciones contra quienes talen o destruyan bosques. Monreal explicó que los tipos penales actuales permiten evitar la prisión y que las penas laxas se convierten en un incentivo para la reincidencia. “La idea es endurecer las penas en una materia que, por la humanidad y por las futuras generaciones, vale la pena legislar”, afirmó.
También se aprobó la reserva de la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), que eleva las penas para quienes provoquen la muerte de ejemplares de fauna silvestre en peligro de extinción o bajo protección especial, particularmente en áreas naturales protegidas.
El dictamen establece sanciones que van desde seis meses hasta diez años de prisión, además de multas que oscilan entre cincuenta y más de seis mil días multa, dependiendo de la gravedad de la conducta. Se contemplan castigos para quienes descarguen contaminantes en cuerpos de agua, trafiquen con flora y fauna silvestre, introduzcan organismos genéticamente modificados que alteren ecosistemas, capturen especies acuáticas en veda como abulón, camarón, pepino de mar y langosta, o realicen desmontes y cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Asimismo, se penaliza la crianza y entrenamiento de perros para peleas con fines recreativos o de espectáculo.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) agregó que la reforma incluye sanciones contra quienes generen o difundan información falsa ante autoridades ambientales para obtener certificados o reconocimientos indebidos. Por su parte, el diputado Luis Armando Díaz (PT) sostuvo que se trata de un hecho histórico y de una deuda pendiente con la defensa del medio ambiente, al invitar a respaldar la reforma en beneficio de la población.
El dictamen fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, con lo que se abre la siguiente etapa del proceso legislativo en torno a un marco jurídico más severo y amplio para combatir los delitos ambientales en México.