La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para analizar una serie de litigios fiscales relacionados con Grupo Salinas, conglomerado encabezado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con información publicada por el portal El CEO y el periodista Gerardo Farell Ávila, los casos involucran adeudos millonarios reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como solicitudes de impedimento por parte de la empresa hacia varios ministros del máximo tribunal.
Uno de los temas más recientes en discusión es el impedimento solicitado por la ministra María Estela Ríos González para no intervenir en el análisis de otro impedimento promovido por Grupo Elektra contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro en retiro Alberto Pérez Dayán. El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, propone aceptar el desistimiento de Ríos González, quien reconoció haber mantenido vínculos laborales con Batres Guadarrama durante el sexenio anterior, lo que podría comprometer su imparcialidad.
Grupo Elektra presentó los impedimentos debido a que en las ponencias de los ministros mencionados se encuentran tres amparos en revisión relacionados con créditos fiscales. El más elevado es el Amparo Directo en Revisión 5654/2024, asignado a la ministra Esquivel Mossa, que refiere un adeudo superior a los 1,431 millones de pesos. Le siguen el Amparo Directo en Revisión 3842/2024, en la ponencia de Batres Guadarrama, por 67.1 millones de pesos, y el Amparo Directo en Revisión 6321/2024, bajo la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, por 33.3 millones de pesos.
Adicionalmente, en octubre la Corte recibió otro amparo promovido por Grupo Elektra, relacionado con la omisión en el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) por un crédito fiscal de 2,000 millones de pesos.
En paralelo, Grupo Salinas ha señalado que enfrenta una “persecución sistemática” por parte del Estado mexicano y anunció que llevará su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un comunicado reciente, el conglomerado reiteró su disposición a pagar “conforme a derecho y sin doble cobro”, y afirmó haber enviado oficios al SAT para entablar un diálogo y revisar los créditos fiscales en disputa.
Las resoluciones que emita la SCJN en estos casos podrían sentar precedentes relevantes en materia de fiscalización empresarial, competencia judicial y garantías procesales, en un contexto donde se cruzan intereses económicos, institucionales y jurídicos.