Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) emitió un posicionamiento público en el que expresa preocupación por las modificaciones al Código Fiscal de la Federación aprobadas por la Cámara de Diputados en la madrugada del 16 de octubre. La organización advierte que las nuevas disposiciones, en particular el artículo 30-B, permiten a las autoridades fiscales acceder en tiempo real a información de usuarios de plataformas digitales sin mecanismos de control judicial, lo que representa una afectación directa al derecho constitucional a la privacidad y a la libertad de expresión.
Según el texto aprobado, los contribuyentes que ofrezcan servicios digitales deberán habilitar el acceso permanente en línea a sus sistemas, para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, se contempla el bloqueo temporal del servicio digital, ejecutado a través de operadores de telecomunicaciones.
MCCI señala que, aunque la medida se presenta como una herramienta de fiscalización, en la práctica permite una vigilancia constante sin criterios de necesidad, proporcionalidad ni supervisión judicial. La organización advierte que esta facultad podría incluir la obtención de datos personales y metadatos, sin que se definan límites claros sobre el tipo de información exigible.
El posicionamiento también destaca que el bloqueo de servicios digitales no es una medida técnica, sino una acción con implicaciones políticas, al restringir el acceso a canales de comunicación, información y participación ciudadana. En ese sentido, MCCI considera que la reforma puede operar como una forma de censura indirecta, contraria a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos digitales.
La organización subraya que en contextos donde periodistas, activistas y ciudadanos enfrentan presiones por sus expresiones públicas, una norma de este tipo podría utilizarse para inhibir el disenso bajo el argumento de una revisión fiscal. Por ello, hace un llamado urgente al Senado de la República para que revise y modifique la disposición antes de que se convierta en ley.
MCCI propone incorporar salvaguardas que incluyan controles judiciales previos, límites precisos sobre los datos exigibles, mecanismos de rendición de cuentas y garantías contra el uso político o económico de estas facultades. En su declaración, la organización concluye que ninguna autoridad fiscal debe tener poder para vigilar, bloquear o sancionar a quienes utilizan el espacio digital, y que el cumplimiento tributario no puede justificar prácticas que comprometan derechos fundamentales en una democracia.