Ante el inicio del paro de trabajadores del Poder Judicial y la posible incorporación de jueces federales a esta protesta a partir del 21 de agosto, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció al respecto, asegurando que los trabajadores están en su derecho de manifestarse, aunque subrayó que la reforma propuesta no les afecta negativamente, sino que, por el contrario, los beneficia.
López Obrador destacó que en los próximos días se explicará nuevamente en qué consiste la reforma, con el objetivo de evitar que se manipule a los trabajadores del Poder Judicial. En sus declaraciones, el Presidente dejó claro que su lucha no es contra los trabajadores, sino contra la corrupción y los privilegios que, según él, persisten en el Poder Judicial, siendo del conocimiento de los propios trabajadores.
«La reforma busca acabar con la corrupción en el Poder Judicial, especialmente la que cometen muchos jueces, magistrados y ministros que liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco», afirmó el Presidente. Además, advirtió que si los trabajadores deciden ir a la huelga pese a tener esta información, estarán en su derecho, pero servirán de apoyo a quienes forman parte de la corrupción en el sistema judicial.
López Obrador también aprovechó para lamentar que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) esté pidiendo lo que él considera una violación a la Constitución, acusando al organismo de defender la corrupción y promover un «Estado de chueco». Señaló que es prepotente que los empresarios más poderosos del país quieran tener a jueces, magistrados y ministros a su servicio para proteger sus intereses particulares, algo que calificó como inmoral y contrario a la limpieza de la corrupción en México.
En respuesta a comentarios fuera del micrófono sobre la postura del embajador de Estados Unidos en México contra la elección de jueces, magistrados y ministros, López Obrador afirmó que todos tienen derecho a opinar, pero aclaró que la decisión final recae en el pueblo mexicano. Reiteró su acusación de que algunos sectores buscan controlar el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para favorecer a empresas extranjeras que intentan apoderarse de la industria eléctrica y cobrar tarifas elevadas a los mexicanos.
Finalmente, el Presidente recordó que la SCJN ya había rechazado una Ley Eléctrica diseñada para proteger al pueblo de México, favoreciendo en su lugar a las empresas extranjeras. También acusó a la presidenta de la SCJN de retener dos expedientes de una empresa que adeuda cerca de 25 mil millones de pesos al erario, a pesar de que el asunto ya ha sido resuelto y establece que el dinero debe ser pagado a la hacienda pública.