El relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, advirtió que México mantiene un reconocimiento global en acuerdos ambientales, pero enfrenta una “distancia preocupante” frente a los desafíos internos que afectan directamente a comunidades expuestas a contaminación industrial, prácticas extractivas y uso indiscriminado de plaguicidas. Su visita de 12 días al país dejó un diagnóstico marcado por riesgos sanitarios, omisiones institucionales y ausencia de controles efectivos.
Durante su recorrido por siete estados, Orellana documentó la proliferación de territorios que definió como “zonas de sacrificio”, donde la población convive con cáncer, abortos espontáneos y enfermedades crónicas asociadas a la contaminación. “Vivir en una zona de sacrificio es perder el derecho a morir de viejo”, afirmó. El Inventario Nacional de Sitios Contaminados registra 1142 puntos, aunque el relator sostuvo que la cifra real es mayor.
Uno de los casos más graves se ubica en Yucatán, donde más de 500 granjas porcícolas operan sin consulta a comunidades mayas ni autorizaciones ambientales, afectando los mantos acuíferos del Anillo de Cenotes. En Querétaro, la minería artesanal de mercurio ha elevado la presencia del metal hasta 500 veces por encima de los valores de referencia, lo que el experto calificó como “una grave crisis de salud pública”. En Hidalgo, habitantes del corredor industrial Tula‑Tepeji están expuestos a emisiones de cementeras, acereras y termoeléctricas sin mecanismos de protección adecuados.
Orellana cuestionó además el incremento de importaciones de desechos destinados a ser quemados como “combustible barato” bajo el concepto de coprocesamiento. Señaló que esta práctica profundiza riesgos sanitarios y contradice los principios de una economía circular. “El combustible barato resulta caro para la salud de la gente”, sostuvo.
El relator también centró su atención en la contaminación de los ríos Atoyac, Lerma, Tula y Sonora. Sobre este último, recordó que persisten afectaciones derivadas del derrame de 2014 de la minera Buenavista del Cobre. La falta de reparación integral y la exposición continua a metales pesados configuran, dijo, “un escenario que perpetúa la vulneración de los derechos”.
En materia de plaguicidas, reconoció avances como la prohibición del glifosato y otras 35 sustancias, pero subrayó la ausencia de una ley general que regule los plaguicidas altamente peligrosos. En la Península de Yucatán, el uso de estos productos ha provocado mortandad masiva de abejas y contaminación de pozos tradicionales. “Incluso el agua embotellada contiene glifosato y otros plaguicidas”, alertó.
Pese al reconocimiento internacional de México en foros ambientales, Orellana insistió en que el país debe cerrar la brecha entre su liderazgo global y la realidad interna. Recomendó aprobar leyes generales de sustancias químicas y plaguicidas altamente peligrosos, así como fortalecer la coordinación entre autoridades de salud y medio ambiente.
El relator concluyó que el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es condición para un futuro sostenible. Retomó las palabras de un joven maya en Campeche para sintetizar su mensaje: la paz no se limita a la ausencia de conflicto, sino a la posibilidad de respirar aire limpio, acceder a alimentos sanos y consumir agua segura.