Una investigación del portal EL CEO, realizada por el periodista Dan Ibáñez, documenta que el gobierno federal utiliza hasta 17 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina para los traslados de la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus giras y eventos oficiales en 2026. Los registros muestran más de 220 operaciones aéreas en apenas 80 días, lo que configura un esquema logístico amplio, costoso y poco transparente.
De acuerdo con el reportaje, aunque la presidenta ha sostenido públicamente que prefiere los vuelos comerciales por cercanía con la ciudadanía, “la totalidad de los traslados nacionales de Claudia Sheinbaum se realizó en la flota ejecutiva de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina”, según los datos obtenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia. EL CEO no encontró evidencia de que en 2026 haya utilizado aerolíneas comerciales dentro del país.
El eje de la operación es un jet Gulfstream G550 con matrícula FAM‑3910, adquirido por la Defensa en 2014 por 54.4 millones de dólares. La aeronave funge en los hechos como un nuevo avión presidencial, pues cualquier vuelo en el que viaja la mandataria se identifica con el código AP01, tal como establece el Manual de Gestión de Tránsito Aéreo de México. EL CEO documentó al menos 21 vuelos de Sheinbaum en este aparato durante los primeros meses del año.
Una flota paralela que acompaña cada gira
El análisis de Dan Ibáñez muestra que cada desplazamiento presidencial activa una operación aérea mayor: aviones de avanzada, vuelos vacíos, aeronaves de apoyo logístico y traslados de funcionarios del gabinete. En la primera gira de 2026, hacia Guerrero, se movilizaron ocho aviones adicionales y 15 operaciones aéreas, incluidos los aparatos asignados a los titulares de Marina y Defensa.
El patrón se repite en giras posteriores. Entre el 29 de enero y el 1 de febrero, cuando Sheinbaum visitó Tijuana, San Quintín, Bavispe y Guaymas, se registraron 39 vuelos de 11 aeronaves distintas, entre ellas dos CASA C‑295, varios Learjet y un Boeing 727‑200 de la Guardia Nacional.
Costos y opacidad
Con base en metodología de Eurocontrol, EL CEO estimó que solo ese fin de semana el costo operativo de los 39 vuelos osciló entre 70,000 y 90,000 dólares. El reportaje señala que, si los mismos trayectos se hubieran realizado en un solo Boeing 787 —el avión presidencial vendido en 2023—, el gasto habría sido menor, entre 50,000 y 57,000 dólares.
La investigación subraya que no existe obligación de transparentar quién viaja en estas aeronaves, pese a que acompañan regularmente a la presidenta integrantes del gabinete y personal de ayudantía.
La Marina responde; Defensa y Presidencia guardan silencio
Consultada por EL CEO, la Secretaría de Marina afirmó que no puede detallar movimientos aéreos “por motivos de seguridad operativa”, y que la asignación de aeronaves responde a criterios de eficacia y apoyo logístico. La Secretaría de la Defensa y la vocería de Presidencia no respondieron a las solicitudes de información del medio.
Un avión de avanzada y un esquema replicado en todas las giras
El reportaje también documenta que el Gulfstream presidencial viaja acompañado de un CASA C‑295 que llega a los destinos un día antes, permanece durante las actividades y regresa horas después. Los registros de pasajeros no son públicos.
Incluso cuando el G550 estuvo en mantenimiento, Sheinbaum utilizó otro jet militar, un Gulfstream G450 con matrícula FAM‑3915, manteniendo el mismo patrón de vuelos múltiples y escoltas aéreas.
Un sistema que contradice la narrativa de austeridad
La investigación de Dan Ibáñez recuerda que el avión presidencial TP‑01 fue vendido con el argumento de eliminar privilegios y reducir costos. Sin embargo, el esquema actual implica el uso constante de jets ejecutivos militares, aeronaves de apoyo y operaciones simultáneas que, según los datos analizados, resultan más costosas y menos transparentes.
El CEO concluye que el gobierno federal opera un sistema aéreo presidencial complejo, sostenido por recursos de Defensa y Marina, sin información pública completa sobre costos, pasajeros o criterios de asignación, y que contradice la promesa de austeridad que acompañó la venta del avión presidencial.