El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al Secretario General remitir a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México, con el fin de que se adopten medidas para apoyar al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito. La decisión se sustenta en la conclusión de que existen “indicios fundados” de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a la existencia de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
El Comité señaló que, aunque no encontró evidencia de una política federal destinada a cometer desapariciones, sí recibió información documentada que apunta a participación directa de funcionarios públicos o a su autorización, apoyo o aquiescencia en diversos casos. La entidad recordó que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad sean ejecutados a escala nacional o desde las más altas esferas gubernamentales, sino que se valoran la magnitud, el patrón y el carácter dirigido de los ataques. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
La dimensión de la crisis se refleja en los hallazgos forenses: más de 4500 fosas clandestinas localizadas, con más de 6200 cadáveres, 4600 restos humanos y alrededor de 72.000 restos no identificados. El Comité subrayó que, pese a las medidas adoptadas en los últimos años, los datos oficiales no muestran una mejora sustancial y las autoridades continúan desbordadas por la magnitud del fenómeno. Señaló que siguen siendo necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
La solicitud a la Asamblea General incluye la consideración de medidas para proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, análisis forense e investigación, así como en el esclarecimiento de posibles vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. El Comité también pidió la creación de un mecanismo eficaz para establecer la verdad y brindar asistencia y protección a familias, organizaciones y defensores que buscan a personas desaparecidas.
La entidad sostuvo que la intervención internacional es necesaria para enfrentar una crisis cuya profundidad ha superado la capacidad institucional del Estado mexicano y que requiere acciones coordinadas para garantizar verdad, justicia y reparación.