El Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, afirmó al concluir su visita a México que existe una distancia significativa entre el liderazgo internacional del país en materia de tóxicos y los desafíos que enfrenta a nivel interno. “Preocupa que han proliferado zonas de sacrificio a lo largo del país, con motivo del crecimiento industrial”, señaló en su declaración oficial.
Orellana reconoció que el Gobierno ha identificado el problema mediante el establecimiento de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), pero advirtió que este reconocimiento debe traducirse en acciones concretas. “Este reconocimiento debería conducir a políticas y acciones concretas para atender estas emergencias, incluyendo planes de justicia ambiental”, afirmó.
El experto destacó que México ha destinado recursos para estudiar el impacto tóxico en diversas regiones y sectores productivos, pero subrayó que los resultados científicos deben orientar políticas públicas que garanticen derechos fundamentales. Señaló que los principios de prevención, precaución y responsabilidad integral deben articularse de manera efectiva.
Orellana alertó sobre el incremento en las importaciones de desechos y cuestionó el uso del co-procesamiento como mecanismo para quemarlos como combustible industrial. “Bajo el rótulo algo eufemístico de co-procesamiento, estos residuos son quemados como combustible barato para la industria”, afirmó. Añadió que esta práctica externaliza costos y sostuvo que “el combustible barato resulta caro para la salud de la gente”. También advirtió que “quemar residuos es el punto final de una economía lineal, y es una práctica enteramente contrapuesta a una economía circular”.
El Relator Especial señaló avances en el fortalecimiento del marco regulatorio ambiental, pero indicó que persisten vacíos normativos. Afirmó que México requiere una ley general de sustancias químicas y una ley general sobre plaguicidas altamente peligrosos. También sostuvo que el cumplimiento de la legislación vigente exige políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, así como mecanismos claros de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. “Es urgente que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes vigentes”, declaró.
Orellana destacó el papel del Poder Judicial Federal en garantizar acceso a la justicia para comunidades afectadas por sustancias tóxicas, especialmente en casos de contaminación del agua. Señaló criterios relevantes de la Suprema Corte en materia de legitimación activa y carga dinámica de la prueba, y alentó a que estos avances continúen. También reconoció los esfuerzos del Poder Judicial en establecer diálogos con pueblos indígenas.
El Relator Especial valoró las acciones orientadas a la implementación del Acuerdo de Escazú y calificó este instrumento como un mecanismo que reduce asimetrías en favor de los derechos de las comunidades. En su declaración final, afirmó que “el respeto al derecho humano a un medio ambiente libre de tóxicos es piedra angular de un futuro de paz y prosperidad para los pueblos”.
La visita concluyó con un llamado a que México fortalezca su marco normativo, garantice la aplicación de la ley y traduzca su liderazgo internacional en acciones internas que atiendan las afectaciones derivadas de sustancias tóxicas y desechos peligrosos.