Trabajadoras del Poder Judicial de la Federación se manifestaron para denunciar presuntos actos de hostigamiento, amenazas y prácticas irregulares atribuidas a la jueza Gabriela Sánchez Manso, a quien también señalan por haber presentado una denuncia penal en su contra por la supuesta sustracción de equipo de cómputo.
Las empleadas, adscritas al Centro de Justicia, afirmaron que desde la llegada de la jueza el 16 de septiembre fueron objeto de investigaciones internas, presiones y conductas que consideran ajenas al ámbito laboral. De acuerdo con su testimonio, Sánchez Manso asegura tener vínculos con una consejera del órgano de administración judicial, con un fiscal federal y con personas relacionadas con la delincuencia organizada, situación que, señalaron, ha generado temor por su integridad.
Yetzgli Lorena, asistente de constancias y registros, explicó que el ambiente laboral se deterioró desde el inicio de la gestión de la jueza, quien presuntamente solicitó información personal del personal y realizó cuestionamientos sobre su vida privada. Indicó que, pese a haber presentado una denuncia ante el Tribunal de Disciplina, no han recibido respuesta institucional.
Otra trabajadora, María Araceli, oficial judicial con ocho años de servicio, relató que el 5 de noviembre una tarotista ingresó al Centro de Justicia por instrucción de la jueza. Según su testimonio, el personal fue obligado a participar en lecturas de cartas y a ser rociado con un líquido rojo, pese a manifestar su inconformidad. Posteriormente, la chofer de la jueza solicitó datos como fecha, hora y lugar de nacimiento para elaborar un análisis astrológico que fue compartido en un grupo de mensajería.
Las denunciantes señalaron que, tras ese análisis, el trato hacia ellas se volvió más hostil, con amenazas verbales y restricciones para realizar sus funciones, debido a que debían asistir a la jueza durante audiencias virtuales y otras actividades.
Las trabajadoras solicitaron la intervención de las autoridades competentes para garantizar su seguridad y atender las denuncias presentadas, al señalar que el ambiente laboral se ha vuelto insostenible y que requieren una respuesta institucional ante los hechos expuestos.