En el contexto de una próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colectivos y promoventes de una campaña pública alertaron sobre los alcances de un proyecto de sentencia que, según su posicionamiento, podría permitir sanciones penales contra expresiones catalogadas como “odio”, bajo criterios que califican de ambiguos.
De acuerdo con el pronunciamiento difundido, la preocupación central radica en la falta de definición precisa del término “odio”, lo que —señalan— abre la posibilidad de que interpretaciones judiciales amplíen el margen de sanción sobre opiniones o posturas en temas sociales, religiosos y culturales. En ese sentido, advierten que “el desacuerdo ya no será un debate, será un delito”, al considerar que la tipificación podría depender del criterio de los jueces.
El mensaje plantea escenarios en los que expresiones relacionadas con la defensa de la familia, posturas sobre biología o manifestaciones de fe podrían ser encuadradas como conductas sancionables, al sostener que la redacción de la norma permitiría calificar como incitación al odio contenidos que, desde su perspectiva, forman parte del ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia.
Asimismo, los promoventes señalan que el proyecto podría derivar en un esquema que describen como “censura disfrazada de justicia”, al advertir que el derecho penal se utilizaría para sancionar opiniones y no conductas delictivas plenamente definidas. Bajo esta lógica, sostienen que la eventual validación de la norma implicaría que “los jueces decidan qué palabras son legales y cuáles te llevan tras las rejas”.
En su posicionamiento, también se afirma que el concepto de “discurso de odio” ha sido utilizado por distintos grupos para limitar posturas contrarias en el debate público, lo que, aseguran, podría intensificarse en caso de que la Corte avale el proyecto en discusión.
Ante este escenario, los colectivos hicieron un llamado a los ministros del máximo tribunal para rechazar la propuesta y evitar que, según su planteamiento, se establezcan criterios que puedan restringir derechos como la libertad de expresión, de creencias y de conciencia. El exhorto se acompaña de una convocatoria pública para recabar firmas y amplificar la oposición al proyecto.
La discusión en la Suprema Corte se perfila como un punto de tensión entre la regulación del discurso que incita a la violencia y la protección de libertades fundamentales, en un debate donde el alcance de la ley y la interpretación judicial serán determinantes para definir los límites entre sanción penal y expresión legítima.