Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en la antesala del embargo a dos empresas vinculadas a figuras del entorno político de la denominada Cuarta Transformación, tras identificar adeudos fiscales que se arrastran desde 2020 y 2021 y que no fueron cubiertos ni garantizados.
El reporte señala que se trata de Argos Producciones, ligada a Epigmenio Ibarra, y de IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, vocero de los diputados de Morena. En ambos casos, la autoridad fiscal determinó créditos fiscales, notificó los montos y otorgó plazos legales para el pago o aseguramiento, sin que las empresas cumplieran, lo que derivó en el inicio del procedimiento administrativo de ejecución.
De acuerdo con la investigación de MCCI, el adeudo de Argos Producciones se originó en febrero de 2020 por concepto de impuesto sobre la renta, pagos provisionales y retenciones. El crédito fiscal fue determinado el 7 de diciembre de 2022 y notificado ese mismo mes. La empresa impugnó la resolución, pero no garantizó el pago, lo que provocó que la deuda aumentara de manera sostenida por recargos, actualización inflacionaria y multas.
Para febrero de 2026, el SAT emitió un mandamiento de ejecución que abre la posibilidad de embargo de bienes. El monto actualizado asciende a 8 millones 690 mil pesos. La investigación subraya que el incumplimiento se mantuvo durante años sin que se cubriera el adeudo ni se asegurara su pago.
El trabajo periodístico también destaca que Argos recibió en 2020 un crédito de hasta 150 millones de pesos por parte de Bancomext, en un contexto en el que el gobierno federal sostenía una política de no rescate empresarial. Además, registros oficiales citados por MCCI indican que empresas del grupo Argos obtuvieron condonaciones fiscales entre 2020 y 2022 por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos, incluyendo resoluciones a favor de Argos Producciones.
En el caso de IBN, la investigación documenta que el adeudo se remonta a 2021, cuando Arturo Ávila encabezaba la empresa. El SAT determinó el crédito fiscal el 10 de junio de 2024 y otorgó un plazo para su pago o garantía, el cual no fue atendido. La empresa impugnó sin respaldar el adeudo, lo que derivó en el incremento del monto.
El crédito pasó de un millón 514 mil pesos a 2 millones 593 mil pesos, tras la incorporación de actualización, recargos, multas y gastos de ejecución. El 13 de marzo de 2026, el SAT emitió el mandamiento de ejecución que habilita el embargo como mecanismo de cobro.
La investigación de MCCI añade que, durante el periodo en que se generaron los adeudos, IBN mantenía contratos con el gobierno federal, incluidos servicios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contratos con Petróleos Mexicanos. Estos fueron objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación por inconsistencias técnicas y falta de verificación.
Asimismo, se documenta que la empresa fue inhabilitada en marzo de 2021 por la Secretaría de la Función Pública para celebrar contratos con el gobierno durante dos años.
El análisis de los expedientes realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad identifica un patrón en ambos casos: adeudos fiscales prolongados, impugnaciones sin garantía de pago y crecimiento constante de los montos hasta la fase de ejecución. La documentación del SAT establece que, de no cubrirse los adeudos, el embargo de bienes se mantiene como una vía legal para la recuperación de los créditos fiscales.