El colectivo nacional que impulsa la movilización #SoyPapáNoCriminal hizo público su pliego petitorio de cara a la marcha convocada para el 24 de abril en los 32 estados del país, en el que denuncia una “realidad estructural” dentro de los conflictos familiares en México y acusa omisiones institucionales que, aseguran, dejan a padres fuera de la protección legal.
En el pronunciamiento, leído por el activista Alejandro Flores, integrante del comité organizador internacional, se advierte que “hay una parte de la realidad familiar en México que ha sido ignorada, minimizada o tratada como si no mereciera atención seria”, al tiempo que se sostiene que existen “separaciones forzadas, convivencias bloqueadas y decisiones institucionales sesgadas” que afectan a familias completas.
El documento señala de forma directa que “hay padres a quienes no les reciben las denuncias” y que las convivencias con hijas e hijos “se incumplen una y otra vez sin consecuencias reales”, lo que, afirman, coloca a menores de edad “atrapados en pleitos donde las autoridades actúan tarde, mal o con sesgos”. Bajo esta línea, el colectivo sostiene que estos casos “no son aislados”, sino parte de un fenómeno que afecta a miles de familias.
Como eje central, el pliego acusa una “criminalización de un sector entero de la sociedad” y plantea que el sistema institucional no garantiza condiciones de igualdad en la atención de conflictos familiares. “Eso no fortalece a las familias. Eso no protege a la niñez”, expone el documento, al tiempo que cuestiona el desempeño de autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Entre las exigencias, se plantea el reconocimiento legal de hombres como posibles víctimas dentro del ámbito familiar, así como su inclusión en registros, encuestas y estadísticas oficiales relacionadas con violencia familiar, de pareja y conflictos de custodia. El colectivo advierte que “cuando el Estado no mide una realidad, esa realidad termina siendo negada” en políticas públicas, asignación de recursos y atención institucional.
El documento también exige la construcción de un marco normativo que garantice una vida libre de violencia “para todas las personas”, así como la implementación de protocolos para atender denuncias por obstrucción de convivencias, separación parental y uso de mecanismos legales en disputas familiares. En este punto, se establece que las autoridades deben “recibir denuncias, documentar, investigar y actuar, no que inventen”.
Otro de los planteamientos se centra en la denominada igualdad parental, donde se afirma que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con ambos progenitores, salvo en casos de riesgo acreditado. El colectivo advierte que la obstrucción prolongada de convivencias “rompe un vínculo” y genera efectos en el desarrollo de menores.
Además, se demanda capacitación para jueces, ministerios públicos, personal del DIF y peritos en la identificación de denuncias falsas o instrumentalizadas, así como mecanismos de supervisión cuando existan actos de “sesgo, negligencia o descuido” por parte de instituciones.
El pliego también incluye exigencias de carácter administrativo, como la creación de rutas institucionales claras, mesas de diálogo, designación de enlaces responsables y tiempos definidos de respuesta, bajo el argumento de que las familias afectadas enfrentan procesos que “desgastan en lo legal, destruyen estabilidad emocional y deterioran el entorno de niñas y niños”.
En su posicionamiento, el colectivo dirige un llamado a medios de comunicación para que aborden el tema “con seriedad” y eviten reproducir “narrativas ideológicas llenas de prejuicios”, al tiempo que pide a la sociedad reconocer que estos conflictos “están pasando en miles de hogares”.
Finalmente, los organizadores advierten que no permitirán que el tema “siga relegado, maquillado o administrado con evasivas” y anuncian que insistirán en instancias públicas e institucionales. La movilización, indican, busca colocar en la agenda pública lo que consideran una falta de acceso efectivo a la justicia en materia familiar y la necesidad de revisar el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender estos casos.