La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los hechos ocurridos durante la llamada «Guerra Sucia» pueden ser investigados y sancionados como delitos de lesa humanidad, con el objetivo de garantizar los derechos a la verdad y al acceso a la justicia de las víctimas. Esta decisión se dio al resolver un amparo a favor de cuatro personas, quienes impugnaron la decisión del Ministerio Público Federal de no ejercer acción penal por crímenes cometidos en 1973, incluyendo tortura, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
En su fallo, la SCJN consideró que, aunque los crímenes ocurrieron hace más de 50 años, las normas internacionales ya prohibían los crímenes de lesa humanidad, tales como tortura, desaparición forzada y persecución política, entre otros. La Corte citó precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Herzog y otros vs. Brasil, para señalar que la obligación de los Estados de investigar y sancionar estos delitos es una norma imperativa que no admite excepciones.
La Sala subrayó que el derecho internacional impone a los Estados el deber de investigar y castigar estos crímenes, aun cuando no existan leyes internas específicas que los tipifiquen. De igual manera, destacó que la prohibición de los crímenes de lesa humanidad es imprescriptible y no viola el principio de no retroactividad de la ley penal, ya que estas conductas ya eran reconocidas como delitos bajo el derecho internacional.
La Suprema Corte también afirmó que las autoridades deben asegurarse de que las investigaciones sean exhaustivas y efectivas, garantizando los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas. La falta de investigación adecuada, según la Corte, viola estos derechos fundamentales y contribuye a la impunidad.
Con esta resolución, la SCJN confirmó el amparo otorgado a los solicitantes y ordenó una investigación más amplia, señalando que cualquier autoridad estatal o funcionario público involucrado en los hechos deberá colaborar en el cumplimiento de la sentencia, incluso si no fueron señalados directamente en el juicio.
Esta decisión representa un paso importante en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la «Guerra Sucia», un periodo de represión estatal en México en las décadas de 1960 y 1970.